Así lo han aprobado esta mañana los 18 magistrados del pleno que han estado reunidos durante cuatro horas. Es una decisión que adoptan después de escuchar esta mañana los argumentos de los dos ponentes, Ramón Sáez y Clara Bayarri.

Los dos han informado a favor de aceptar las recusaciones. Así pues, el tribunal que juzgará la pieza 'Epoca l' de Gürtel estará integrado por Ángel Hurtado, como ponente, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Contra el acuerdo adoptado hoy por el Pleno no cabe recurso alguno.

El Pleno está compuesto por 20 miembros, entre los que se encuentran los dos magistrados afectados por el incidente de recusación. Los magistrados reunidos esta mañana han salido del edificio de la Audiencia a bordo de sus respectivos vehículos sin responder a las preguntas de los periodistas. También salió Espejel a bordo de su coche pasadas las 14.15 horas y con el semblante muy serio.

SUSTITUTOS

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó el pasado 24 de julio un nuevo sistema de sustituciones de magistrados "en caso de ausencia de alguno de ellos por vacaciones, licencias, enfermedad u otras causas".

En virtud de las nuevas normas, Hurtado, de perfil conservador, será presidente en su calidad de magistrado más antiguo y, además, será el ponente de la causa. Junto a él y a Julio de Diego, el único miembro del tribunal que no fue recusado, juzgará el caso de presunta financiación ilegal del PP el juez progresista José Ricardo de Prada.

Hurtado formó parte del tribunal que ordenó archivar el caso de la muerte del cámara de Telecinco José Couso, que el Supremo obligó después a reabrirlo. También fue el encargado de revisar la investigación del 'caso Faisán'.

Con fama de discreto, este juez emitió un voto particular en la sentencia por la que decretó la libertad del etarra Juan Manuel Piriz en aplicación de la doctrina Parot avalada el tribunal de Estrasburgo, en el que se oponía a que este criterio se hiciera extensivo de manera automática a otros etarras.

Por su parte, De Prada se ocupó del caso del traficante gallego Sito Miñanco, el del Comando Vizcaya de la organización terrorista ETA en la década de los 90, los atentados terroristas contra Telefónica y Pryca o el caso Sogecable.

En 2005 fue acusado de prevaricación por los abogados del narcotraficante Laureaño Oubiña, pero no prosperó. Ese mismo año fue ponente de la sentencia que condenó al criminal argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas, cometidos en el marco de la dictadura militar.

Ricardo de Prada es miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo y se encuentra calificado por la Unión Europea como experto de la misma en asesoramiento en cooperación internacional. De su actividad internacional como magistrado destacan sus misiones oficiales en Honduras, Costa Rica y Rumanía, para adecuar el derecho de dichos países a la estructura occidental de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

ANTICORRUPCIÓN

Los ponentes han tenido en cuenta el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción que considera probada la relación de los dos recusados con el Partido Popular y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece unos cánones que, en resumen, transmiten que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo.

El Pleno está compuesto por 20 miembros entre los que se encuentran los dos magistrados afectados por el incidente de recusación. Ninguno de ellos puede pronunciarse en su caso, pero sí pueden participar en la votación del otro.

Las fiscales responsables de este dictamen, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, no solicitan explícitamente al Pleno que aparte a estos dos jueces que tienen encomendada la tarea de juzgar la primera etapa de la trama Gürtel, y por tanto es el Pleno el que decida.

Las fiscales sostienen que cabe afirmar que “los hechos sobre los que se sustentaban las dudas sobre la imparcialidad” de ambos magistrados “por su relación con el Partido Popular” han quedado “debidamente acreditados” y por eso solicitan al Pleno que “valore si un observador objetivo tendría razones para dudar” de su independencia.

Tras relatar todos los hechos que vinculan a Espejel y López con el PP, las fiscales concluyen que “la mera existencia de esta sombra de duda resulta indeseable y deben tomarse medidas para garantizar que el sistema judicial no solo esté libre de indebidas influencias externas, sino también para que lo parezca”.

El Ministerio Público recordaba que tanto el PP como el propio extesorero popular Luis Bárcenas, que se sentará en el banquillo, votaron a Espejel como vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo que ostentó justo antes de pasar a la Audiencia Nacional, lo que va en contra de las alegaciones del PP, que afirmó que no hubo “conexión temporal” entre estos nombramientos.

Sobre López señalan que la colaboración del magistrado con la Fundación FAES, vinculada al PP, ha durado desde 2003 hasta febrero de 2015, y se ha concretado en su participación en “68 seminarios”, en seis de los cuales fue ponente o coordinador y por lo que cobró un total de 13.102,37 euros. En consecuencia, consideran que “la relación del magistrado con la Fundación FAES no es esporádica, sino reiterada y estable durante un largo periodo de tiempo”.

Ambos magistrados están pendientes de una segunda recusación en el llamado 'caso Bárcenas', que está pendiente del informe de la Fiscalia y del debate y votación del Pleno de la Sala de lo Penal.