El magistrado se había acogido a esta posibilidad, introducida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de julio de 2015, y había presentado su solicitud en el plazo legalmente establecido, dos meses antes de cumplir los 70 años.

La última reforma de la ley estableció que los jueces podían ampliar en dos años su edad de jubilación forzosa, establecida en los 70 años. Esta medida va acompañada de una importante motivación económica, ya que permitirá a los jueces incrementar su pensión hasta un 28% si trabajan hasta los 72.

La edad de jubilación forzosa de los miembros de la carrera judicial era hasta julio pasado de 70 años. A partir de esa edad, solo los magistrados de órganos colegiados (Tribunal Supremo, Salas de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales) tenían la opción de solicitar ser nombrados eméritos y seguir ejerciendo hasta los 75. Pero esos cinco años de más no repercutían en el cómputo de la pensión, que se paraba a los 70.

La medida no gusta a todos los jueces y algunos alertan de que pueda producirse un “tapón” en la carrera para el ascenso de los jueces más jóvenes.

El vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, defendió públicamente la medida porque “a los 70 años muchos jueces están en su mejor momento de madurez y es bueno para todos aprovecharlo”.