En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, explicaron que el Consejo de Ministros podría haber modificado el texto legislativo acordado en la Comisión de Subsecretarios, en concreto el artículo 3 del real decreto, por lo que están estudiando si el ministro podría haber incurrido en un delito de prevaricación. En este sentido, González afirmó que "podría haber habido una resolución injusta".

Consideran que hasta ahora los enfermeros se encontraban en una situación de "alegalidad" en lo relativo a la prescripción pero cuando se publique en el BOE el real decreto y entre en vigor incurrirán en una ilegalidad si prescriben o suministran un medicamento que requiere prescripción médica.

El CGE y el Sindicato de Enfermería advirtieron sobre las consecuencias negativas que tendrá esta normativa, sobre todo en la atención hospitalaria o en las residencias de ancianos, ya que estas actividades dependen mayoritariamente de la profesión enfermera, cuyos profesionales tienen que tomar decisiones sobre administración de fármacos, algo que ahora podría acarrearles consecuencias legales.

Por este motivo, ambas entidades podrían aconsejar a los profesionales lo que denominaron "huelga competencial", de forma que eludan en todos los casos la prescripción, ya que consideran que de esta forma quedará patente ante las autoridades la injusticia normativa que se ha cometido.

Asimismo, adelantaron que solicitarán reuniones con todos los partidos políticos para que se paralice por via de urgenciala ejecución del artículo 3 y prepararan una manifestación para mostrar el apoyo de todos los profesionales a estas reivindicaciones, si bien apuntaron que las conversaciones con el PP se han "roto" porque son "un gobierno de mentirosos y cobardes".

González aprovechó la cercanía de las elecciones generales para resaltar que mueven “un millón de votos” que pueden ser decisivos en el resultado.