Según explicó el Consistorio, estos "bares" situados en las unidades policiales de Escuadrón de Caballería, Atestados y la Unidad Especial de Tráfico, sirven de lugar de avituallamiento y descanso de los miembros del cuerpo que prestan servicio.

Sin embargo, según ha podido saber la Dirección General de Policía Municipal, de los beneficios de esos bares se generaba una 'caja B' de gastos y beneficios, de la cual no se conoce atribución presupuestaria oficial ni de entrada ni de salida.

La atribución de gastos, según los escritos entregados en Fiscalía esta misma mañana, se hacía al abono de las coronas de flores de policías fallecidos, las fiestas de San Juan, repostajes indebidos y demás gastos que no pueden abonarse con cargo al presupuesto pero que la Dirección General consideraba justificado abonar.

El Ayuntamiento considera que los servicios que se prestaban desde esos bares son necesarios y legítimos, siempre que se puedan ofrecer dentro de la estricta legalidad.

El Consistorio expresó su intención de restablecer el servicio a medio plazo mediante la convocatoria de un concurso público que habilite a una empresa para prestar el servicio a los agentes conforme a la ley. Mientras tanto, se instalará transitoriamente un servicio de 'vending' Los ingresos y gastos han sido gestionados por empleados públicos y se han usado recursos materiales públicos que no han sido fiscalizados por Intervención General. Los beneficios de dichos bares están supuestamente ubicados en una caja fuerte en la Subdirección General Económico-Administrativa de la Dirección General de Policía Municipal.

Barbero se comprometió a aportar "luz y taquígrafos" al asunto en aras de la "transparencia" y la "legalidad", en tanto que Serrano se conjuró para “defender el buen nombre de la Policía Municipal" y "promover alternativas de espacios de encuentro y de descanso para aquellos policías que previamente estaban utilizado los "bares".