La protesta, promovida por el CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), la CGT (Confederación General del Trabajo) y Asextra (Asociación de Examinadores de Tráfico), se enmarcó en una huelga de 24 horas convocada para hoy, que se sumó a los paros parciales de tres horas que se llevan realizando desde el pasado 14 de septiembre.

El seguimiento de la huelga fue de un 85% de los cerca de 740 examinadores que hay en toda España, con la consiguiente suspensión de cerca de 2.500 pruebas prácticas para obtener el carné de conducir, según el CSIF, mientras que la DGT rehusó ofrecer cifras, aunque apuntó que el paro tuvo poca repercusión en Madrid.

Tráfico ha convocado al comité de huelga, formado por representantes del CSIF y la CGT, a una reunión el próximo lunes, 26 de octubre, con el fin de llegar a un acuerdo definitivo que suponga el fin de las movilizaciones llevadas a cabo por los examinadores en las últimas cinco semanas. A ella acudirán María Seguí y Cristóbal Cremades, directora general y secretario general de la DGT, respectivamente.

En su concentración ante la sede de la DGT, los examinadores portaron chalecos reflectantes amarillos o naranjas y protestaron haciendo sonar pitos o vuvuzelas, al tiempo que portaban banderas de los sindicatos CSIF y CGT, y pancartas alusivas a la “defensa de lo público” y a la “dignificación” de sus puestos de trabajo.

"CERCA DEL ACUERDO"

El responsable nacional del CSIF ante la DGT, Manuel de Santiago, afirmó, en declaraciones a los periodistas, que la huelga estaba siendo secundada por alrededor del 85% de los examinadores, lo que supone un incremento respecto del 70% que estaban realizando paros parciales en las últimas semanas.

De Santiago indicó que los paros parciales continuarán al menos hasta el próximo lunes y que los representantes de los examinadores tomarán ese día una decisión después de la reunión que mantendrán con miembros de la DGT, que deseó que sea “definitiva” para levantar los paros. “De momento estamos en un impasse, pero estamos mucho más cerca del acuerdo que lejos”, admitió.

Consideró “un avance sustancial” que Tráfico haya propuesto que el resultado del examen no sea comunicado al alumno al final de la prueba, sino al profesor, aunque reivindicó que sea “al final de la jornada o al día siguiente” para evitar “el peligro potencial” de recibir agresiones. “Queremos una mayor definición”, añadió.

Además, De Santiago pidió una menor carga de trabajo, de manera que los examinadores puedan realizar un máximo de 12 exámenes diarios, uno menos de lo que hacen en algunos casos actualmente, y un aumento salarial. “La DGT reconoce que estamos mal pagados y, de hecho, ha elevado una propuesta a Hacienda”, apostilló.

“RESPONSABILIDAD”

Por su parte, el secretario general de la DGT, Cristóbal Cremades, pidió hoy “responsabilidad” a los examinadores de tráfico “para que no hagan daño a los alumnos y a las autoescuelas”, y desconvoquen la huelga y los paros parciales, ya que, según añadió, “básicamente estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos que reivindican”.

“Estamos trabajando para que este colectivo se sienta a gusto y demos un servicio público de calidad”, indicó Cremades a los periodistas, antes de señalar que “la DGT ha hecho un buen trabajo en el proceso negociador” con los representantes del comité de huelga.

Cremades recalcó que la DGT elevó a Hacienda el pasado 10 de julio una propuesta de aumento salarial para los examinadores, a la cual aún no ha recibido respuesta, y coincidió con la reivindicación de estos de que su trabajo sea “un servicio público y de calidad”.

Añadió que Tráfico accede a posponer la comunicación del apto o no apto del examen y a “adoptar las medidas organizativas necesarias” para que la carga de trabajo de los examinadores disminuya progresivamente y todos hagan 12 pruebas diarias, cuando en algunas provincias, por la escasez de la plantilla, hacen 13 al día, “que entran dentro de la jornada laboral”. En el caso de admitir ahora esa reivindicación, Cremades señaló que se dejarían de realizar unas 150.000 pruebas al año

“Cualquier gestor responsable no puede permitirse el lujo de un día para otro de perder capacidad para 150.000 pruebas al año. Parece un poco contradictorio querer mantener un servicio público y no dar ese servicio público de calidad a los ciudadanos”, agregó.

Por último, Cremades aseguró que desde que comenzaron los paros “se han suspendido o aplazado aproximadamente 37.000 pruebas”, por las 60.000 que cifra el CSI-F, si bien añadió que “la mayoría de ellas ya se han realizado, es decir, el examen del alumno que se ha visto afectado se ha aplazado a la semana siguiente o posteriores”, concluyó.