Durante toda esta legislatura que concluye los grupos parlamentarios han estado debatiendo una reforma del reglamento parlamentario pero no lograron cerrar un acuerdo, según el PSOE, porque el Partido Popular no tenía voluntad para ello.

En el borrador del programa electoral, los socialistas abogan por modificar la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General desde el consenso con los siguientes objetivos: impulsar los medios y reformas legislativas necesarios para facilitar el voto electrónico; revisar el procedimiento electoral; reformar el sistema de voto de los españoles residentes fuera de España para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del voto rogado; establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la designación finalmente de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios.

LIMITAR AFORAMIENTOS

También defiende el PSOE posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo y regular la celebración de debates electorales.

En clave de regeneración apuestan por limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política y promover que las CCAA supriman los aforamientos de los Estatutos de Autonomía, así como establecer para cualquier responsable político o empleado público la prohibición de aceptar regalos, salvo los de carácter protocolario que pertenecerán a la Administración y se inscribirán en un registro accesible al público.

Y prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.

IMPUTADOS FUERA

Respecto a las medidas para combatir la corrupción, prohibirán el nombramiento y obligación de cese de altos cargos en toda las administraciones públicas de “quienes se hallen incursos como procesado/imputado una vez abierto juicio oral por algún delito contra la las administraciones públicas”.

“Suspender a concejales y parlamentarios que se hallen incursos como imputados/procesados en un juicio oral por algún delito contra las administraciones públicas”; revisar las causas legales de prohibición de contratación con las administraciones públicas, y la prohibición de contratar con empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como paraísos fiscales”; son otras de las medidas en este campo.