El Ministerio Publico se pronuncia así sobre las querellas interpuestas por Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volskwagen y Otros, que las presentaron contra la marca alemana, Seat y varios directivos de estas empresas por la instalación de dispositivos informáticos en varios modelos diésel para supuestamente ocultar las emisiones contaminantes reales.

Explica la Fiscalía de la Audiencia que la citada manipulación pretende resolver “el reto técnico que se plantea” que consiste en “lograr fabricar un motor que consuma poco y mantenga una gran potencia pero que a su vez no desprenda gases por encima de los límites legales”.

En su escrito, el fiscal pide una relación de los vehículos afectados en España y el monto de las ayudas públicas para su adquisición, el organigrama del grupo empresarial en el país, la identificación de la empresa que fabricó el software, informes sobre la instalación del programa y las medidas adoptadas para subsanar el perjuicio causado, entre otras.

Según las primeras estimaciones, en España se han vendido 683.626 vehículos a los que se instaló el motor diésel EA 189, equipado con un programa que es capaz de burlar las pruebas de homologación. Tanto Volskwagen como Seat publicitaban que sus coches cumplen con la normativa europea de emisiones contaminantes, aunque las emisiones son hasta 40 veces mayores que las permitidas.

La investigación sobre Volskwagen le llegó al juez de instrucción Ismael Moreno, que solicitó un informe a la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional. En ese informe, la Fiscalía explica que las emisiones reales de los vehículos trucados les inhabilitaría para circular y, además, esos contaminantes “podrían haber causado daños sustanciales a la calidad del aire”.

Teniendo en cuenta que el uso de motores con baja afectación medioambiental es objeto de subvención pública para su fomento, “el engaño también podría haber supuesto un desembolso injustificado del erario público”, que habría subvencionado esos motores supuestamente `limpios´.

El Ministerio Público considera que “nos encontramos ante una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una Audiencia”. El fiscal Marcelo Azcárraga pide que se recabe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la totalidad de la información que haya reunido sobre los hechos investigados y el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense (EPA), que destapó el fraude.

También quiere los informes que se hayan recibido del Grupo Volskwagen, la totalidad de los comunicados oficiales emitidos acerca de este asunto y los dictámenes periciales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a los vehículos manipulados.

De igual modo establece que se notifique a la marca la iniciación del proceso y su obligación de designar a una persona que la represente, así como un abogado y un procurador. Pide que se cite a esa persona para transmitirle la información del procedimiento.