Así lo recoge Amnistía Internacional en su informe ‘No tuvimos otro lugar a donde ir: el desplazamiento forzoso y demoliciones en el norte de Siria’, que revela “abusos alarmantes” a través de testimonios e imágenes tomadas por satélite, que detallan el desplazamiento deliberado de miles de civiles y la destrucción de pueblos enteros en las zonas controladas por el PYD, a menudo como represalia para los residentes a los que se achacan simpatías con o vínculos con los miembros del EI u otros grupos armados.

“Por la demolición deliberada de casas de civiles, en algunos casos con la demolición y la quema de aldeas enteras, lo que desplaza a sus habitantes sin motivos militares justificados, la administración autónoma está abusando de su autoridad y burla descaradamente el derecho internacional humanitario con ataques que equivalen a crímenes de guerra”, aseguró Lama Fakih, asesora general de AI sobre situaciones de crisis.

Fakih indicó que, “en su lucha contra el EI, la administración autónoma parece estar pisoteando todos los derechos de los civiles que se encuentran atrapados". “Este informe revela una clara evidencia de una campaña deliberada, coordinada como castigo colectivo a la población civil en los pueblos tomadas previamente por el EI o cuando se sospecha de una pequeña minoría por apoyar a este grupo”, añadió.

Algunos civiles aseguraron a Amnistía Internacional que fueron amenazados con ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos si no huían de sus hogares.

Los investigadores de Amnistía visitaron 14 ciudades y pueblos de las gobernaciones de Hasaka y Ar-Raqqa los pasados meses de julio y de agosto, con el fin de indagar sobre el desplazamiento forzoso de los residentes y la demolición de viviendas en las zonas bajo el control del PYD.

IMÁGENES DE SATÉLITE

Las imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional ilustran los efectos de las demoliciones en el pueblo de Husseiniya, que contaba con 225 edificios en junio de 2014 y sólo 14 un año después, lo que supone una reducción del 93,8%. El pasado mes de febrero, las Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo), que forman el ala militar del Kurdistán sirio, tomaron el control de la zona, que había estado bajo el mando del Estado Islámico, y comenzaron la demolición, obligando así a los residentes a desplazarse.

En las aldeas al sur de la ciudad de Suluk, algunos residentes dijeron a Amnistía que combatientes de las YPG les habían acusado de apoyar al Estado Islámico y amenazaron con dispararles si no abandonaban el lugar. Algunos habitantes reconocieron que había habido un puñado de simpatizantes del EI en sus pueblos, pero la mayoría no eran partidarios de este grupo terrorista.

En otros casos, los aldeanos dijeron que militares de las YPG les habían instado a dejar los hogares bajo amenaza de ataques aéreos de la coalición de Estados Unidos si no cumplían la orden.

"Es fundamental que, en la lucha contra el EI, la coalición liderada por Estados Unidos en Siria y todos los demás Estados que apoyan a la administración autónoma, o se coordinan con ella militarmente, no hagan la vista gorda ante tales abusos. Tienen que tomar una posición pública condenando el desplazamiento forzado y las demoliciones ilegales y garantizar que su asistencia militar no está contribuyendo a violaciones del derecho internacional humanitario", dijo Fakih.

En una entrevista con Amnistía Internacional, el jefe de la Asayish (la policía de la administración autónoma del Kurdistán sirio) admitió que grupos de civiles habían sido desplazados por la fuerza en "incidentes aislados" y que la población se movía por su propia seguridad, pero muchos residentes dijeron a la organización de derechos humanos que fueron obligados a abandonar sus casas pese a que sus pueblos no habían sido escenario de enfrentamientos o estaban a distancia de la primera línea de fuego y no había peligro de artefactos explosivos improvisados del Estado Islámico.

"La administración autónoma debe cesar de inmediato la demolición ilegal de viviendas de civiles, compensar a todos los civiles cuyas viviendas fueron destruidas ilegalmente, cesar los desplazamientos forzosos ilegales y permitir a los civiles a regresar y reconstruir sus vidas", concluyo Fakih.