Los relatores especiales de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Christof Heyns, y sobre la tortura, Juan E. Méndez, afirmaron en un comunicado que alrededor de 1.000 personas mueren anualmente ejecutadas por sentencias condenatorias relacionadas con las drogas, que calificaron de “homicidios ilegítimos”.

“La imposición de condenas a muerte y ejecuciones por delitos de drogas aumenta significativamente el número de personas en todo el mundo atrapadas en un sistema de castigo que es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos", señalaron Heyns y Méndez.

Ambos indicaron que más de 30 Estados tienen disposiciones legales que incluyen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, y en ciertos países, como Indonesia, China, Irán y Arabia Saudí, estos casos constituyen una proporción significativa del número total de ejecuciones.

Heyns consideró “de especial preocupación” que haya “sentencias arbitrarias” en algunos de estos países y que en muchos Estados que permiten la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas “no hay un sistema de juicio justo”.

Los dos relatores especiales se reafirmaron en que la pena de muerte no tiene ningún papel que desempeñar en el siglo XXI, y menos aún en el caso de los delitos relacionados con las drogas. "Estamos deseando que llegue el momento en que ya no será necesario tener un día especial sobre la pena de muerte, un momento en que todos los Estados han dejado atrás esta forma de castigo", apostillaron.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la imposición de la pena capital salvo en los delitos "más graves". El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano responsable de la interpretación autorizada del Pacto, ha manifestado en repetidas ocasiones que los delitos de drogas no cumplen con este requisito y que sólo los delitos de homicidio intencionado pueden ser considerados entre los "más graves".

“ALARMANTE NÚMERO DE PAÍSES”

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) censuró que la pena de muerte siga utilizándose como herramienta en la denominada ‘guerra contra las drogas’, puesto que “un alarmante número de países” de todo el mundo ejecuta a personas condenadas por cargos relacionados con los estupefacientes, "en claro incumplimiento del derecho internacional".

Esta organización ha documentado que al menos 11 países (Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam) han dictado condenas de muerte o han ejecutado a personas por delitos de drogas desde 2014, mientras que decenas de Estados mantienen la pena capital para delitos relacionados con las drogas.

AI explicó que el derecho internacional limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos”, definidos en general para incluir únicamente el homicidio intencional, por lo que los delitos de drogas no entran dentro de esta categoría, y también fija como meta que los Estados avancen hacia la abolición de la pena de muerte.

Sin embargo, Amnistía lamentó que muchos Estados justifican el uso de la pena de muerte como manera de hacer frente al narcotráfico o a los problemas causados por el consumo de drogas, haciendo caso omiso de “las pruebas que demuestran que, para poner fin a las muertes relacionadas con las drogas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, la respuesta que ha resultado efectiva ha sido la basada en los derechos humanos y la salud pública”, como la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento.

Amnistía Internacional destacó que, en muchos de los países en los que se impone la pena capital por delitos de drogas, “la injusticia se ve agravada por el hecho de que las condenas a muerte se dictan tras juicios manifiestamente injustos”. Así, en Arabia Saudí, Indonesia e Irán, a los acusados se les niega de forma habitual el acceso a abogados o se los coacciona mediante tortura y otros malos tratos, para que realicen “confesiones” que se admiten como prueba.

ESPAÑA

El Consejo de Ministros aprobó este viernes una declaración institucional con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte en la que recalca que “no cejará en sus esfuerzos en los distintos foros internacionales e intensificará sus acciones para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como paso previo a su total abolición”.

En la declaración, se “reitera” la “oposición” del Gobierno de España “a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido".

"Consideramos que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos; carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial”.

El texto añade que “la lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos”. “La abolición universal, la moratoria como fase intermedia en el camino hacia la abolición y el respeto de los estándares internacionales mínimos en materia de pena de muerte constituyen los vértices de la política de España y de la Unión Europea en esta cuestión. El Gobierno de España defiende la abolición de la pena de muerte como una causa universal, no exclusiva de ninguna región ni país del mundo, porque a todos nos corresponde la dignidad inherente a todo ser humano”, apunta.