En una carta dirigida al ministro, el SE exige una partida presupuestaria de emergencia destinada a la contratación de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, profesores e intérpretes de idiomas; la apertura de cursos gratuitos de idiomas; la dotación de becas de transporte, comedor y compra de libros, y la habilitación de miles de viviendas vacías para albergar a esta población.

De este modo, indica, se garantizaría la atención adecuada a los niños y adultos víctimas de la guerra y la represión policial en Europa, se facilitaría su integración educativa y se les proporcionaría apoyo social y laboral.

En su misiva, el SE critica que “los refugiados ni están llegando al Estado español ni están recibiendo el apoyo y la solidaridad de su gobierno". “Lo único que han recibido hasta el momento es la 'bienvenida' de los gobiernos de la civilizada Europa en forma de alambradas de espino y concertinas, policías antidisturbios que emplean su material para golpearles, destacamentos militares al pie de las fronteras, cañones de agua, gas pimienta y campamentos en los que se les hacina en condiciones infrahumanas”, apuntó.

Por ello, exige a Méndez de Vigo “la actuación inmediata de su Gobierno y de todas las instituciones públicas para facilitar la llegada y acogida de los refugiados, garantizando además medidas especiales para que la educación pública pueda cubrir las necesidades que existen y que se harán mayores”.

“Pedimos un plan de emergencia para recuperar la educación pública y acabar con el deterioro que sufre actualmente, permitiendo integrar con todas las garantías a todos los jóvenes refugiados”, apunta.

Entre otras medidas, propone recuperar los 7.000 millones de euros recortados desde el año 2012 para su inversión en becas, ayudas e infraestructuras necesarias en los centros de estudio, así como asegurar “el fin de las tasas abusivas que hacen de la educación un derecho inaccesible a las familias más humildes”; reincorporar a “los 32.000 profesores despedidos desde 2010 a sus puestos de trabajo, y readmitir a los 70.000 estudiantes expulsados de la Universidad por no tener dinero".