Los religiosos fueron detenidos por milicianos el 20 de julio de 1936 en el seminario de la orden, dos días después de que estallara la Guerra Civil. Posteriormente serían fusilados sin que mediara juicio.

Uno de los requisitos exigidos por la Iglesia católica para que una ejecución sea considerada martirio es que la muerte se produzca por la fe religiosa que profesa la víctima y que ésta muera perdonando a los verdugos.

En la causa que se sigue con lo claretianos de Barbastro se asegura que a todos ellos se les dio la oportunidad de librarse de la muerte si luchaban en el bando republicano, algo que fue entendido por los religiosos como una renuncia a sus creencias, según declaraciones del provincial de la orden en Aragón, José Félix Valderrábano.

El provincial hizo referencia también al levantamiento de la moratoria impuesta por el papa Pablo VI para todas las causas relacionadas con la Guerra Civil Española. Juan Pablo II acabó con aquella moratria al beatificar a un grupo de monjas carmelitas ejecutadas en Guadalajara.

Si los cardenales de la Congregación de los Santos ratifican la opinión de los peritos teólogos sobre el martirio de los 51 claretianos de Barbastro, el proceso iniciará la recta final, que culminará con la firma, por parte del Papa, de una canonización colectiva.