Ambos expertos de Naciones Unidas indicaron en un comunicado que “las ejecuciones por delitos de drogas constituyen una violación del derecho internacional y son homicidios ilegítimos”, con motivo del 13º Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará el próximo sábado, 10 de octubre.

“La imposición de condenas a muerte y ejecuciones por delitos de drogas aumenta significativamente el número de personas en todo el mundo atrapadas en un sistema de castigo que es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos", señalaron Heyns y Méndez.

Ambos indicaron que más de 30 Estados tienen disposiciones legales que incluyen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, y en ciertos países, como Indonesia, China, Irán y Arabia Saudí, estos casos constituyen una proporción significativa del número total de ejecuciones.

Heyns consideró “de especial preocupación” que haya “sentencias arbitrarias” en algunos de estos países y que en muchos Estados que permiten la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas “no hay un sistema de juicio justo”.

"El Día Mundial contra la Pena de Muerte ofrece una oportunidad para reflexionar en un año en el que el número de Estados que se han alejado completamente de la pena capital se ha incrementado", dijo Heyns.

SIN CABIDA EN EL SIGLO XXI

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la imposición de la pena capital salvo en los delitos "más graves". El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano responsable de la interpretación autorizada del Pacto, ha manifestado en repetidas ocasiones que los delitos de drogas no cumplen con este requisito y que sólo los delitos de homicidio intencionado pueden ser considerados entre los "más graves".

"Ciertos Estados que persistente y abiertamente se burlan de este patrón internacional también están actuando contrariamente a una norma emergente de que la imposición y la ejecución de la pena de muerte es una violación ‘per se’ de la prohibición de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes", explicó Méndez.

Ambos expertos de la ONU celebraron que las agencias y los organismos internacionales encargados de los programas de orientación para combatir el comercio ilegal de drogas hayan pedido públicamente la abolición de la pena de muerte para esta categoría de delito, pero se mostraron preocupados de que “la cooperación internacional para combatir el delito de drogas podría, en ciertas circunstancias, estar contribuyendo sin querer a estas ejecuciones ilegales”.

“Los Estados abolicionistas deben asegurarse de que no son cómplices del uso de la pena de muerte en otros Estados, en cualquier circunstancia, pero todos, cualquiera que sea su postura sobre la pena de muerte, deben abstenerse de realizar actos que podrían contribuir a una ejecución arbitraria, incluyendo cualquier ejecución por delitos de drogas”, apuntó Heyns.

Los dos relatores especiales se reafirmaron en que la pena de muerte no tiene ningún papel que desempeñar en el siglo XXI, y menos aún en el caso de los delitos relacionados con las drogas. "Estamos deseando que llegue el momento en que ya no será necesario tener un día especial sobre la pena de muerte, un momento en que todos los Estados han dejado atrás esta forma de castigo", concluyeron.