El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido sostiene que las medidas acordadas por Garzón no han vulnerado ni el derecho de defensa de los imputados ni el secreto profesional de los abogados.

Varios letrados de la causa han recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las resoluciones por las que Garzón acordó la intervención temporal las comunicaciones. Los citados recursos han sido impugnados por el Ministerio Fiscal y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

En esencia, la argumentación utilizada por la Fiscalía en su escrito de impugnación reside en diferenciar la intervención de comunicaciones como medida de régimen penitenciario y como medida de investigación de delitos, según informaron desde el departamento dirigido por Conde-Pumpido.

La primera de ellas se encuentra regulada en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que contiene una previsión especial para las comunicaciones con letrados, y la segunda en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no efectúa distinción alguna sobre interlocutores o circunstancias de la intervención.

Para la Fiscalía, la conciliación de ambos preceptos “resulta perfectamente compatible con las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es respetuosa con el derecho de defensa y el secreto profesional”.

“Esa conciliación es coherente con el hecho de que los autos recurridos acuerden la intervención de las comunicaciones de los imputados no sólo con sus abogados sino igualmente con otras personas”, señala el escrito.