El Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) presentó demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare contraria al convenio colectivo de estaciones de servicio la obligación de los encargados de Campsa Estaciones de Servicio de denunciar en comisaría los casos en que el cliente se va sin abonar el combustible.

El recurso de casación pretendía que el encargado de la estación de servicio no aparezca como responsable de formular la denuncia de las fugas acaecidas durante el mes precedente, entendiendo que el acuerdo de 5 de noviembre de 2008 lo impide y que esa tarea debe recaer en el representante legal de la empresa.

El Tribunal Supremo considera que ese deber de denunciar existe en todo caso, sin perjuicio de que la empresa o su representante sean quienes adopten el acuerdo de hacerlo. Si el empresario o su representante deciden denunciar los robos o hurtos y fugas que se produzcan en una estación de servicio, el trabajador está obligado a colaborar con el empresario.

Según el acuerdo de la Comisión Mixta del Convenio de Estaciones de Servicio, una vez que el empresario decide denunciar los hechos comunicados por el trabajador, éste tiene obligación de acompañar al empresario en la denuncia, considerando dicho tiempo como tiempo efectivo de trabajo, debiendo protegerse en lo posible los datos personales de los trabajadores y debiendo informar a efectos de notificaciones como domicilio del trabajador el domicilio de la empresa, quedando obligados a cumplir como cualquier otro ciudadano los deberes que a este respecto establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Previamente la misma comisión mixta del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio estableció que al trabajador en modo alguno se le puede hacer responsable de las faltas que sean consecuencia de robos o hurtos, si bien viene obligado a denunciar los citados hechos delictivos cuando éstos se producen, habiéndose limitado actualmente el ámbito subjetivo de esta obligación, desde el año 2013, a los encargados generales de Estaciones de Servicio.

La sentencia concluye que la práctica empresarial combatida en el recurso no

es contraria a Derecho, que las funciones contempladas en el Convenio Colectivo para los encargados generales no impiden que se les encomiende esa tarea, que ningún acuerdo de la Comisión Interpretativa del Convenio impide tal práctica y que la empresa puede imponer esa obligación al amparo de sus facultades directivas.