La Policía informó de que la menor es hija de un funcionario de la embajada española y fue raptada por su cuidadora.

Tras producirse el secuestro, los especialistas de la Policía española se trasladaron de forma inmediata hasta aquel país para trabajar conjuntamente con la Policía Federal mexicana.

La menor permaneció raptada durante cuatro días por su cuidadora, quien solicitó un rescate de 4.000.000 de pesos mexicanos. La secuestradora amenazó en varias llamadas telefónicas con matar a la niña si avisaban a la Policía y no accedían al pago del rescate.

De forma inmediata el diplomático comunicó el secuestro a la embajada española, que a su vez lo puso en conocimiento de la Policía Federal Mexicana. La Dirección General de Secuestros se hizo cargo de las actuaciones y proporcionó a la familia de la víctima un negociador especializado secuestros.

Tras comprobar que el secuestro no parecía obra del crimen organizado, se concertó una cita para realizar el pago del rescate, algo que sirvió a los agentes para seguir a la secuestradora y detenerla. La menor había sido abandonada por la cuidadora en una parada de autobús del centro de México D.F.