Parlamentarios de estos grupos escenificaron este miércoles la presentación de esta proposición en la que exponen la situación y las necesidades sanitarias, asistenciales y de investigación actual de los afectados.

Carmen Cortés, afectada y coordinadora de la plataforma de afectados, señaló que con esta iniciativa que ha trasladado a los partidos quieren “poner en orden” su situación y reclaman que haya más médicos capaces de gestionar sus necesidades porque ahora mismo sólo hay una doctora en Madrid que atiende a los miles de afectados.

Cortés indicó que “tienen necesidades” y que su objetivo es que se actualice su situación en base a criterios justos. La representante de los afectados comentó que mantuvieron una reunión con el diputado popular Mario Mingo y que éste sólo se pudo comprometer a que estudiarán la situación y a que en el programa electoral del PP se recoja su situación.

ORGANISMO PROPIO

La iniciativa parlamentaria recoge la creación de un organismo con las competencias suficientes que “agilice y optimice los recursos para la organización y coordinación de las necesidades que tienen los afectados y afectadas”.

También contempla un programa médico-social actualizado para adecuar a los profesionales médicos en todos los territorios con población afectada, así como la activación de las investigaciones, entre ellas la que realiza el Instituto Carlos III.

En la presentación de la iniciativa, la diputada de Izquierda Unida Ana Castaño señaló que hace años “falló el Estado” al no tener los controles sanitarios necesarios y “ahora sigue fallando”, por lo que pidió que “no se olvide lo que supuso la peor contaminación” en Europa.

Por su parte, el parlamentario de UPyD Julio Lleonart criticó que “no se está dando la atención que ellos (los afectados) necesitan” y que, en una semana donde ha ocurrido el “mazazo” de la sentencia de la talidomida, no se puede obviar la situación de estas personas.

Desde Compromís, Joan Baldoví se sumó a esta “reivindicación justa” mientras que Mikel Errekondo, de Amaiur, señaló que es “imprescindible” visualizar esta problemática de las que reconoció que “nos habíamos olvidado”.

Todos los representantes parlamentarios, conscientes de que la legislatura está concluyendo, se comprometieron a retomar entre sus primeras medidas para el próximo mandato la reivindicación de estas personas. Según sus cálculos, el envenenamiento llegó a afectar a más de 20.000 personas de las que unos 2.500 ya han fallecido.