López participó hoy en la presentación del 'Informe sobre las consecuencias del cambio de ciclo económico en la actividad judicial', impulsado por la Fundación Wolters Kluwer, donde se negó en varias ocasiones dar explicaciones sobre sobre su apariencia de imparcialidad.

“Ya he emitido un informe y a él me remito”, dijo en varias ocasiones en respuesta a las preguntas de los periodistas que acudieron al acto. El magistrado acabó asegurando que “lo que tengo que hacer ahora es respetar la labor de mis compañeros (instructores) y no puedo ni debo hablar, sino someterme a lo que ellos decidan”.

López insistió en la importancia de la labor "responsable" de los medios de comunicación a los que calificó como elementos "fundamentales" para a democracia, e instó a los informadores a transmitir las cosas "como son" y no "como parecen que son".

Lo que sí explicó fue lo sucedido con el escrito que presentó negándose a abstenerse en el caso Gürtel, que contenía más de 50 erratas y faltas de ortografía. Una de las más llamativas era el preámbulo de los argumentos con los que negaba cualquier tipo de parcialidad política en el que se podía leer, por ejemplo. "Vallamos pues por partes", en vez de `vayamos´.

Según explicó, el texto que se facilitó a prensa “fue un documento no corregido”. Detalló que tiene costumbre de escribir en ordenador, después corregir, e imprimir la copia ya correcta. En esta ocasión aventuró que debió haber un error y “en vez de guardar le di a imprimir”, de manera que “guardé una copia sin erratas e imprimí una con erratas”.

En su descargo, aseguró que conoce “perfectamente la diferencia entre el verbo ir el verbo vallar. Soy de pueblo y he vallado mucho”, aunque después de hacerse público el documento solo queda “aguantar” las críticas.

DECISIÓN PENDIENTE

La Audiencia Nacional tiene pendiente decidir sobre las recusaciones planteadas por diversas acusaciones del caso Gürtel contra los magistrados conservadores Concepción Espejel y Enrique López, presidenta del tribunal y ponente de la sentencia respectivamente en el juicio por la trama de corrupción que afecta al Partido Popular.

Los jueces designados como instructores de estos "incidentes de recusación" —Carmen Paloma González en el caso de Espejel y Javier Martínez Lázaro en el de López— decidieron el pasado día 25 de septiembre admitir ambas a trámite. Tienen en su poder tanto el escrito de la Fiscalía como los argumentos de los dos magistrados en su defensa.

Adade y el PSOE plantearon la recusación de López por entender que su estrecha vinculación con el Partido Popular ha llevado al juez a puestos en la cúpula de la carrera judicial, tales como vocal del Consejo General del Poder Judicial o magistrado del Tribunal Constitucional, cargo este del que tuvo que dimitir en junio de 2014 tras ser condenado por conducir ebrio su moto.

De igual modo argumentan que López ha participado y cobrado medio centenar de ponencias en conferencias de la Fundación FAES, ligada al PP, y ha intervenido activamente en conferencias políticas del partido.

El magistrado Martínez Lázaro, instructor del expediente de López, reconoce que la designación de López para cargos en tres ocasiones “sugiere una cierta vinculación de dicho partido con la carrera profesional del magistrado", aunque este elemento "por sí solos no podrían llevar de una forma concluyente a la existencia de una causa de recusación".

Sin embargo, continúa, esta "apariencia de vinculación", dice el instructor, "se hace más intensa" al tener en cuenta su participación en la FAES, a la que define de "alma ideológica" del PP, y de cuyo patronato forma parte Ana Mato, exministra de Sanidad y encausada en Gürtel como partícipe a título lucrativo.

"No se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el PP” y de hecho “su elevado número sugiere una colaboración permanente durante un dilatado periodo de tiempo” que reportó al magistrado “la no desdeñable cifra de 13.102 euros", explica el instructor.