La encuesta, elaborada a petición del CGPJ por SigmaDos y con un margen de error del 2,4%, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8% de la Carrera Judicial.

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las comunidades autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84% en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Además, la práctica totalidad de la Carrera Judicial (el 91%) se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52% considera que las administraciones no colaboran con el CGPJ.

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15% de los que trabajan en alguna de las comunidades autónomas con lengua propia dicen tener dificultad en su utilización.

Ese porcentaje baja al 13% en Cataluña, al 12% en la Comunidad Valenciana, al 10% en las Islas Baleares y al 5% en Galicia. Por el contrario, el 54% de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43% contesta que no.

CORRUPCIÓN

La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.

Así, la gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales, dependientes de los Juzgados, con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86%); de la revisión de los privilegios, tales como el de declarar por escrito o en su despacho, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79%); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66%).

Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60%); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60%); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59%).

La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52% de los encuestados se muestra en contra y el 41% a favor.

CUOTA PARA MUJERES

El 65% de los jueces y magistrados en activo se muestra en contra de reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efectúa el CGPJ para las mujeres. Esta posición mayoritaria en todos los tramos de edad es también compartida por juezas y magistradas, entre las que el 52% rechaza la adopción de este tipo de medida, frente al 33% que se muestra partidaria de ella.

Además, el 72% de los encuestados considera que no existe discriminación interna en la Carrera Judicial atribuible a cuestiones de género. Esta opinión es asimismo compartida por la mayoría de juezas y magistradas: el 57% niega la existencia de discriminación, frente al 26% que opina que sí existe. En la actualidad, las mujeres son el 52% de los miembros en activo de la Carrera Judicial.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Los datos de la encuesta señalan que tres de cada cuatro jueces y magistrados consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50% de la Carrera Judicial opina también que el órgano de gobierno de los jueces no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.

La encuesta también revela que el 50% de la Carrera Judicial no conoce el nuevo modelo organizativo del CGPJ y que el 54% de quienes sí lo conocen lo valoran mal o muy mal. Además, el 64% de los jueces y magistrados no se siente identificado con los órganos de gobierno del Poder Judicial: Presidencias de órganos judiciales, Salas de Gobierno y Decanatos.

Por otra parte, en el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, el 9% de los jueces afirman haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción. Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51%), los políticos (43%) y los particulares (26%). El 67% de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.

Respecto al funcionamiento de los órganos técnicos del CGPJ, predominan las valoraciones positivas sobre las negativas, destacando el Centro de Documentación Judicial (Cendoj): un 77% de los encuestados responde que funciona bien o muy bien. También superan el 50% de aprobación Formación continua, Informática y Formación inicial.

Otros servicios del Consejo, como Personal Judicial, Estadística, la Oficina de Comunicación e Inspección, tienen más valoraciones positivas que negativas. Solo dos de los aspectos evaluados registran más opiniones en contra que a favor: los nombramientos y el régimen disciplinario.