Victoria solicitó el pasado día 7 declarar voluntariamente ante el juez, tras el levantamiento parcial del secreto del sumario el pasado 22 de julio y de haber analizado con su abogado, José Javier Vasallo, el contenido de las pesquisas realizadas en el marco de esta investigación. Previamente, el exconsejero se había negado a declarar en dos ocasiones.

Acudió por primera vez a la Audiencia Nacional el 26 de junio, aunque el juez instructor pospuso su declaración después de que su defensa planteara que había sido citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, mantenía la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El magistrado le volvió a citar el 20 de julio y entonces el exconsejero se acogió a su derecho a no declarar. Entonces, el juez le prohibió salir del territorio nacional, ordenó la retirada de su pasaporte y le impuso comparecencias mensuales como medidas cautelares.

Victoria dimitió el pasado 4 de junio y está imputado por delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos que podría haber cometido al dar trato de favor al conseguidor de contratos públicos de la trama Alejandro de Pedro.

El juez investiga si Victoria cobró en metálico comisiones a cambio de contratos con la Administración regional para el posicionamiento `online´ de algunos políticos, la realización de encuestas y varios contratos de publicidad.

El juez sospecha que Victoria ordenó al exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente de su departamento, tres supuestos pagos en negro por valor de 120.000 euros que la empresa Indra debía realizar a De Pedro como contraprestación a sus trabajos de reputación 'online'.