“Estoy muy decepcionada por la sentencia, que ha sido un varapalo bastante grande, porque cuando te metes en juicios es porque crees firmemente que tienes la razón”, declaró Torrijo a Servimedia.

Y en este caso, prosiguió, “los afectados estábamos convencidos de que ganaríamos porque nosotros somos las víctimas y ellos (los de la farmacéutica) los culpables confesos a nivel mundial”.

Luisa Torrijo tiene 52 años y vive en Andorra, un pueblo de Teruel. A ella la talidomida le causó malformaciones en los dos brazos. En el izquierdo carece de antebrazo y el derecho es más pequeño de lo normal. Además no tiene pulgares en ninguna de las dos manos.

Esto, que los médicos achacaron a una malformación genética hasta que Luisa cumplió los 40 y que le supone tener una discapacidad reconocida del 68%, le impide desarrollar con normalidad actividades de la vida diaria tales como abrochar botones o cremalleras, atarse los cordones de los zapatos o tender la ropa.

Y por ende, dice, desempeñar trabajos físicos, que son a los que, explica, por su nivel de estudios y por vivir en un pueblo no muy grande, habría podido optar.

Por este motivo y por otros relacionados con su vida personal, Luisa decidió cuando se casó no trabajar fuera de casa y cuidar de sus dos hijos, con lo que la familia ha tenido que vivir siempre de los ingresos de su marido, empleado en una mina.

En este contexto, reconoce que una pensión y una indemnización le habría sido de gran ayuda, aunque admite también que habrá víctimas que la necesiten más.

Pero más allá de esto, concluye, la solicitud de una indemnización a Grünenthal es cuestión “de justicia”. Las víctimas de la talidomida, en general, nos vemos abocadas a una vejez con una gran dependencia. Yo, por ejemplo, voy a necesitar una persona que me ayude en casa y a mí, porque mi espalda tiene muchísimo desgaste a consecuencia de las malas posturas que me veo obligada a adoptar por mi problema en los brazos”, explica esta turolense.

Lo que no entiende Luisa es que el Constitucional base su fallo en la prescripción de los hechos, cuando, insiste, a ella le costó 40 años enterarse de que sus malformaciones no eran genéticas, sino el fruto de un medicamento que tomó su madre cuando estaba embarazada para combatir las náuseas propias de la gestación.

Por eso, está convencida de que “hay que seguir luchando” y de que la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), a la que ella pertenece, no debe rendirse y recurrir la sentencia del Tribunal Supremo. “Consigamos algo o no, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Buscamos que un juez diga que son culpables”, concluye.