Así lo dijo a Servimedia el asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch, que recordó la oposición de las clínicas a que las chicas de 16 y 17 años tengan que tener el consentimiento paterno para poder abortar. Esta reforma de la ley del aborto, aseguró, desampara “a quienes pretendían proteger” en el PP, en referencia a las víctimas de violencia y mujeres en situación de exclusión.

Según ACAI, el 0,4% del total de las mujeres que abortan son las que desde este miércoles tienen que hacerlo con el permiso de sus padres. De ellas, hasta el 13% desearían no tener que contarlo a la familia, por múltiples motivos: ya sea por estar en hogares desestructurados y marginales, ser inmigrantes solas en España o ser víctimas de distintos tipo de violencia. Hasta la fecha, cada año las clínicas realizaban entre 400 y 500 abortos a menores de 18 años sin consentimiento paterno.

Aparte de esta modificación, las clínicas han tenido que trabajar en otros supuestos aplicados a la ley últimamente, como la edad mínima para mantener relaciones sexuales, que en verano pasó de los 13 a los 16 años con la modificación del Código Penal, por lo que los facultativos deberán dar cuenta a la fiscalía sobre los casos de menores de 16 embarazadas; y el consentimiento del tutor ante operaciones de riesgo. Esta medida, integrada en la ley de autonomía del paciente, en funcionamiento desde el 19 de agosto, puede incidir, “no por el aborto en sí”, sino por “la gravedad de la intervención” que en casos concretos implique riesgo para la gestante.

Asimismo Bosch comentó que ACAI trabaja en otro protocolo destinado a informar a aquellas mujeres que estén a punto de cumplir la mayoría de edad pero que no quieran comunicar a sus padres su embarazo como les obliga la ley. Para abortar sin consentimiento tendrían que acudir a un juzgado, donde “dependerá de la ideología” del juez, “porque no es un procedimiento reglado” que marque unas pautas de actuación y unos tiempos, claves en el avance del embarazo. En ese punto, el asesor jurídico también recordó que, al estar transferidas las competencias, hay diferencias de actuación según las comunidades autónomas de las que se trate.