Según informó hoy la Policía, tras las primeras averiguaciones, los investigadores pudieron confirmar la existencia de la red, que mantenía una estructura estable en la Isla de Gran Canaria y con funciones perfectamente definidas entre sus miembros. Su medio de vida consistía exclusivamente en la explotación sexual de sus víctimas en casas de las Palmas de Gran Canaria.

La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por una joven de nacionalidad rumana que manifestaba ser víctima de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en esta isla. La mujer había sido captada en Rumanía por un compatriota suyo cuando aún era menor de edad.

Según explicó a los agentes, cuando faltaba un mes para que cumpliera la mayoría de edad, el principal investigado de la red comenzó a presionarla para que se trasladara a España con la promesa de una vida mejor junto a él y asegurándole que ambos tendrían más oportunidades de encontrar un buen trabajo. Su objetivo era captarla y separarla de su familia para que, una vez en nuestro país, pasase a ser explotada sexualmente.

Una vez cumplida la mayoría de edad de la víctima, comenzaron los trámites necesarios hasta la compra de los billetes de avión para trasladarla a España, donde les esperaban el resto de miembros de la organización. Cuando llegó, la joven comenzó a ser controlada día y noche por los componentes del grupo y obligada a ejercer la prostitución, impidiéndole comunicarse por teléfono con sus familiares y retirándole todo el dinero que generaba con la prostitución, todo en beneficio exclusivo de sus proxenetas.

Finalmente, los agentes identificaron y localizaron a todos los componentes de la trama y la investigación culminó con la detención de nueve personas, cinco de nacionalidad rumana, tres de nacionalidad española y uno de nacionalidad colombiana.

Además, se realizaron cuatro registros: dos en clubes y otros dos en domicilios en los que se han incautado 3.750 euros en efectivo, 10 bolsitas termoselladas con cocaína, documentación de las víctimas, documentación relacionada con la explotación sexual, envíos de dinero y material informático.