Entre otras medidas, defendió la supresión de toda subvención a colegios con ideario propio, sea religioso o de otro tipo; la salida de los credos confesionales del currículum académico; la eliminación de toda simbología religiosa en los colegios, y la extensión de la gratuidad universal de la educación pública.

Para ello habría que denunciar los acuerdos existentes entre España y el Vaticano, apuntó y, de cara a una posible reforma constitucional, modificar el artículo 27 referido a la educación y el artículo 16.

En este punto, se debería eliminar cualquier referencia a la religión católica y a otras confesiones, concluyó.