La medida, firmada en el boletín oficial por el Rey y el presidente del Gobierno, fue aprobada definitivamente en el Pleno del Senado el pasado 9 de septiembre con la oposición de algunos parlamentarios del Partido Popular que la consideran insuficiente, ya que el Gobierno echó marcha atrás en una reforma más ambiciosa de la ‘Ley Aído’ que abanderó el exministro Alberto Ruiz Gallardón.

Según el texto, "el que las menores de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus representantes legales, padre y/o madre, personas que ostenten la patria potestad o tutores, según proceda, es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata únicamente de la protección de la menor, sino que su cuidado comprende el núcleo esencial de todas esas figuras jurídicas".

La modificación tampoco ha tenido el consenso que esperaba el Ejecutivo, pues la oposición sostiene que perjudica a las menores más vulnerables, como las que viven en entornos de violencia y pobreza.

Durante el trámite parlamentario el Gobierno evitó ahondar en el debate hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie del recurso presentado por el PP en 2010 a la Ley impulsada por el gobierno de Zapatero.