En su ‘Informe diagnóstico sobre la estrategia de competencias en España’, la OCDE explica que “allá donde la carga impositiva es elevada, los trabajadores y los empleadores pueden encontrar económicamente preferible trabajar y contratar en negro para evadir impuestos”.

En este sentido, recuerda que la irregularidad laboral tiene repercusiones económicas negativas para la economía general y para las finanzas públicas, y subraya que la no inclusión de esos trabajadores dentro del sistema tributario reduce la cantidad recaudada en concepto de impuestos sobre el trabajo.

Así, indica que esto exige tipos impositivos más altos en los trabajadores declarados, lo que puede “agravar los problemas del mercado y las competencias laborales”. Además, apunta que “los trabajadores irregulares pueden también seguir recibiendo prestaciones sociales pese a estar trabajando, lo cual añade carga fiscal al Estado”.

Los responsables del informe afirman que, por ejemplo, el régimen del IRPF podría mejorarse para movilizar a las personas con menos probabilidades de participar en el mercado laboral.

En concreto, apuesta por ampliar la base imponible del IRPF y reducir su tipo impositivo, sobre todo en la parte inferior de la distribución de ingresos.

Por otra parte, asegura que “una elevada carga fiscal sobre el trabajo es un elemento que disuade poderosamente de contratar a trabajadores con bajas cualificaciones”.

“Las cargas tributarias elevadas sobre rentas del trabajo resultan problemáticas para los empleadores cuando la productividad media de los trabajadores es baja, como sucede en España”, agrega la OCDE.

COTIZACIONES SOCIALES

Desde el organismo internacional consideran que podría “alentarse” a los empleadores a contratar a personas con déficit de competencias y de productividad mediante cotizaciones a la Seguridad Social más reducidas, destinadas a los trabajadores con bajos ingresos y a los que presentan bajas cualificaciones.

Según la institución, “los impuestos sobre el trabajo podrían estar mejor diseñados para disminuir la irregularidad laboral”. Por ello, cree que reducir las cotizaciones a la Seguridad Social en España “animaría a muchos trabajadores no declarados, y a sus empleadores, a regularizar su situación en el mercado laboral”.

En este tema, agrega, que sería sobre todo si la Administración tributaria lo acompañase con una mejora de sus medidas para combatir la evasión fiscal y a la Seguridad Social. “Dicha regularización puede compensar al erario público parte del coste derivado de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social o el impuesto sobre la renta”, de manera que “estas reformas pueden, al menos en parte, pagarse a sí mismas”, destaca.

En cuanto a la fiscalidad relacionada directamente con materia educativa, la OCDE defiende que podrían aumentarse “ligeramente” las tasas académicas para repartir los costes de la educación terciaria, lo que facilitaría nuevas inversiones con que fortalecer la calidad y la relevancia del desarrollo de competencias.

Por otra parte, la organización afirma que también podrían resultar “decisivas” las disposiciones del Impuesto de Sociedades directamente encaminadas a reforzar las competencias de la mano de obra española.

“Podría hacerse mucho más para garantizar que efectivamente se aplican las bonificaciones fiscales por I+D y que benefician al mayor número posible de pequeñas y medianas empresas españolas”, añade.

COSTE DEL DESPIDO

En el documento, la OCDE recoge que “el alto nivel de desempleo y el bajo nivel de empleo son los mayores retos a los que se enfrenta España hoy en día” y se aborda también la problemática de la dualidad del mercado laboral.

Así, se indica que “en España, los niveles históricamente altos de protección a los trabajadores en los contratos indefinidos han contribuido a una significativa dualidad del mercado laboral desde ya bien antes de la crisis”. Además, se afirma que “los contratos temporales pocas veces son un peldaño hacia los indefinidos”.

El organismo reconoce que “no existen soluciones simples para una dualidad del mercado laboral arraigada”, pero apunta una serie de posibles políticas: hacer “más difícil y costoso” el recurso a los contratos temporales, “relajar” la legislación sobre el despido de trabajadores fijos o fomentar la convergencia de los costes de extinción de los diferentes tipos de contrato.

Según la OCDE, unas reglas “menos estrictas” para los despidos deberían crear mayores incentivos para la contratación, pero también implicarán ciclos “más frecuentes” de empleo y desempleo, incluso durante las épocas de bonanza económica.

Además, apunta que la negociación colectiva a escala de empresa puede otorgar a las empresas mayor flexibilidad para ajustar sueldos y horas de trabajo para que el despido de trabajadores no sea su única opción durante las recesiones económicas, lo cual ayuda a proteger puestos de trabajo y medios de vida.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace referencia a las reformas en el mercado laboral que se han implementado en los últimos años, pero alerta de que pese a ellas “la tasa de desempleo sigue siendo muy alta, la tasa de empleo permanece deprimida y la dualidad del mercado laboral persiste”.