En una rueda de prensa de presentación de una jornada sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demanda esta medida y tras ser los primeros en firmarla, Toxo advirtió de que la lucha contra la pobreza en España en la crisis "ha tomado unas proporciones muy importantes”.

Además, denunció que “la pobreza en España ha tomado una dimensión tan importante como consecuencia de que el sistema de protección para situaciones de carencia extrema ha saltado por las costuras con la crisis económica”.

A este respecto, indicó que la prestación por desempleo fue diseñada en su día para atender situaciones de crisis y pérdida de rentas salariales con una duración más corta de la que estamos enfrentando, que se prolonga durante siete años y que, como consecuencia, casi la mitad de los desempleados no perciben ningún tipo de renta.

Por su parte, Méndez afirmó que “es vital y urgente el reconocimiento de un nuevo derecho en materia de protección social” y añadió que teniendo en cuenta los presupuestos del Estado presentados por el Gobierno “no hay visos” de que dicha medida pueda aplicarse en 2016.

Asimismo, denunció que “las secuelas que ha dejado la recesión económica son tremendas desde el punto de vista del aumento de las desigualdades, la reducción de las posibilidades de acceder a un empleo y a la reducción de los derechos de protección social”.

La propuesta de prestación de CCOO y UGT se dirige a todos los parados de entre 16 y 64 años que no pueden acceder a ningún tipo de prestación y que tienen ingresos menores a 5.800 euros anuales.

Sus beneficiarios, unos 2,1 millones de personas, podrían mantener dicha prestación hasta que no mejore su situación. Su cuantía sería del 80% del Iprem, unos 426 euros, ampliables en función del número de personas a cargo del desempleado.

Según las estimaciones de CCOO y UGT, la medida, que podría llegar hasta unos 6 millones de personas, requerirá una dotación presupuestaria de unos 11.000 millones de euros anuales.

Aunque el plazo para recoger el medio millón de firmas necesarias para llevar la propuesta al parlamento es de nueve meses, prorrogables en otros tres, la intención de los sindicatos es que su propuesta alcance ese objetivo antes de las elecciones generales, para que llegue al congreso en diciembre y se convierta en la primera en ser debatida en la próxima legislatura.