La red acusó en un comunicado al Ejecutivo de querer “regular y limitar la solidaridad mediante real decreto”. “El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha sido la única institución pública que, desde las críticas que la red realizó a la gestión de la crisis humanitaria, se ha negado a recibir o dar respuesta alguna a las peticiones de la red, a diferencia de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas”, señala la entidad.

La red apuesta por un modelo mixto, en el que se prime efectivamente la acogida institucional, pero se permita que, en una segunda fase, familias que hayan recibido formación e información suficiente y hayan firmado un compromiso de acogida acojan a personas.

Desde la Comisión de Acogida y Ayuda al Refugiado de la red se entiende necesario exponer las ventajas de la acogida no institucional, puesto que cree que reduce las opciones de exponerse a la "ghettificación" por parte de las personas solicitantes de asilo, dotándolas de una red social de apoyo inmediato por parte de familias españolas.

El modelo de acogida que propone se basa en una primera fase de acogida institucional, en la que o bien en los centros de ayuda al refugiado o bien a través de la red de entidades sociales colaboradoras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se atienda y clasifique según el grado y estado de necesidad a las personas refugiadas.

Tras esta primera fase y tras un tiempo de adaptación inicial, se daría como opción a las personas refugiadas iniciar experiencias de convivencia, a través de un plan de acogida y convivencia en familias españolas, de forma que estas asuman un aprendizaje entre iguales basado en la colaboración y apoyo a las familias hasta que estas se encontrasen plenamente integradas en el ámbito territorial elegido.