La autopsia reveló que el bebé estaba en el séptimo mes de gestación y nació muerto. Por este motivo, el responsable del abandono se enfrentaría a una sanción administrativa ya que el tratamiento de todo cadáver debe cumplir unos requisitos técnico-sanitarios y solo habría pena de cárcel si se hubiera ultrajado de algún modo el cuerpo.

Se desconoce por el momento si fue un aborto natural o voluntario. Según establece el Código Penal, si fuera un aborto intencionado habría un delito de aborto y la madre podría ser castigada con una pena de multa ya que el bebé tenía más de 22 semanas, que es donde la ley marca el límite.

Por su parte, la ley impone penas de uno a tres años de prisión y entre uno y seis años de inhabilitación de la profesión para aquel que produzca el aborto voluntario de una mujer fuera de los casos permitidos por la ley. La pena puede elevarse hasta los ocho años de prisión si no hubiera consentimiento por parte de la madre.

La investigación continúa abierta ya que, de momento, se desconoce el origen del bebé, aunque se sabe que era una niña.