El Gobierno entiende que la norma catalana impide que existan establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada, vulnerando lo dispuesto, con carácter básico, en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, prohibición que además es contraria al derecho comunitario.

Asimismo, el Ejecutivo recordó que ya ha defendido la aplicación de estos principios frente a leyes de comercio similares de otras comunidades autónomas.

De igual forma, considera que el instrumento normativo elegido, un decreto ley, no cumple los requisitos necesarios para su utilización, dado que su uso, según el artículo 64 del Estatuto de Cataluña, debe ser excepcional y justificarse por una necesidad extraordinaria y urgente, que en este caso “no se cumple”.

El recurso, que cuenta con el dictamen favorable y preceptivo del Consejo de Estado se interpone al no haberse alcanzado acuerdo dentro del procedimiento negociador previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se solicita que, al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, se produzca la suspensión de dicho decreto ley.

La norma deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.