La mudanza de los jueces se realizará a lo largo de toda una semana y los magistrados y sus más directos colaboradores ya están volcados en las tareas de empaquetado y clasificación de la documentación que queda en los juzgados.

Esta operación se ha planificado por fases. Por orden, se irán el número uno, de Santiago Pedraz; el dos, dirigido por Ismael Moreno; y el tres, a cargo de Juan Pablo González, que ha sustituido a Javier Gómez Bermudez, nombrado por el Gobierno juez de enlace con Francia.

A continuación cambiarán de sede el juzgado de instrucción número cuatro, dirigido por Fernando Andreu; el cinco, dirigido por José de la Mata, el sustituto de Pablo Ruz. Luego se irá el número seis, que ocupa Eloy Velasco. El orden de traslado de los juzgados podrá verse alterado en función del que esté de guardia en el momento del cambio, que será el último en moverse.

Durante el verano ya se trasladó la Fiscalía, cuyos miembros han estado diseminados desde hace tres años en dos sedes diferentes por falta de espacio en la calle Prim; la Sala de lo Penal, que consta de cuatro secciones, y Ejecutorias. También han cambiado de sede los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el de Menores.

La mudanza de la Audiencia Nacional comenzó en el mes de julio bajo la responsabilidad personalizada de cada uno de sus funcionarios, que han sido los encargados de preparar y controlar el traslado de sus expedientes y documentación a la nueva sede de este órgano judicial, una vez concluidas las obras de su sede de la calle Génova de Madrid.

La idea era que cada uno se responsabilizara de la clasificación, empaquetado y vigilancia del proceso para que no se produjera ningún incidente o pérdida durante el traslado que lleva a cabo una empresa especializada.

INAUGURACIÓN Y ELECCIONES

El edificio donde estarán alojados los calabozos, la sala de prensa y las salas para la celebración de juicios está en la recta final de las obras de construcción. La pretensión es que el edificio se inaugure antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firme el decreto de disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales.

A ese acto inaugural asistirá el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en cumplimiento de la Ley Electoral no debería participar en un acto de esta naturaleza porque podría ser considerado publicidad electoral. Por tanto, y teniendo en cuenta que los comicios se celebrarán alguno de los primeros domingos del mes de diciembre, la inauguración debería celebrarse la primera semana de octubre.

La Ley de Régimen Electoral General (Loreg) es clara a la hora de acotar los plazos que limitan las acciones de autobombo de las instituciones públicas antes de una cita con las urnas. Desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración se prohíbe cualquier acto “organizado o financiado (…) que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”. El apartado tercero del artículo 50 de esa norma insiste en que en este periodo no se podrán inaugurar obras o servicios públicos. Los proyectos sí pueden entrar en funcionamiento, aunque sin publicidad.

Esta es la segunda ocasión en la que la Audiencia Nacional se enfrenta a una mudanza. En septiembre de 2012, juzgados, fiscalía y demás dependencias abandonaron la obsoleta sede de la calle Génova para pasar tres años en destinos provisionales a la espera de su vuelta a un edificio de mayores dimensiones, mejor organizado y provisto de la dotación tecnológica necesaria.

Para evitar accidentes y pérdidas, el traslado se diseñó de manera que fueran los funcionarios los que realizaran el empaquetado e identificación de cada uno de los bultos, la ordenación de los mismos, la vigilancia de su embarque en los correspondientes camiones y la recepción en la sede de destino, donde proceden al recuento y comprobación de cada paquete.

DOCUMENTOS

La Audiencia Nacional quería evitar a toda costa cualquier incidente en relación con la documentación que custodia. Aún se recuerda del revuelo que causó la pérdida de la causa que investigaba el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.

Ese incidente, sucedido el pasado mes de febrero, se solucionó con facilidad al remitir el juzgado número cinco de la Audiencia , dirigido por Pablo Ruz, una `copia testimoniada´ de los documentos que obraban en el juzgado que había archivado este asunto en octubre de 2013 y que aún está pendiente de recurso.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que Ruz considerara que el caso no era de su competencia, tras advertir que la "manipulación" de los datos contenidos en los ordenadores podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos. El juez decidió su archivo porque los ordenadores eran propiedad del PP y tampoco se podía estudiar si hubo encubrimiento, porque Bárcenas no ha sido condenado aún por ningún delito.

IMÁGENES HISTÓRICAS

El emblemático edificio de la calle Génova fue testigo de imágenes históricas como la entrada del policía José Amedo para declarar sobre la `guerra sucia´ contra ETA o la salida del juez más mediático de la democracia, Baltasar Garzón, cuando fue expulsado de la carrera judicial.

Durante este tiempo casi todos los juicios se han celebrado en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares. La previsión es que muchos de ellos vuelvan a celebrarse en la calle Génova, donde sólo hay prevista una sala preparada para acoger macrojuicios como los que se avecinan sobre los casos `Gürtel´, `Polverino´ o `Púnica´.

La vuelta de la Audiencia Nacional a su sede supondrá también un ahorro para las arcas públicas. En su día el Ministerio de Justicia cifró en 2,5 millones de euros lo que se ahorrará al año en alquiler de las distintas sedes de la Audiencia.