Así respondió este jueves a una interpelación urgente formulada en el Pleno del Congreso por el diputado de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds Joan Herrera, sobre el proceso de ubicación del almacén de residuos radioactivos de alta actividad.

Herrera pidió que se suspenda la orden de construcción de esta instalación y exigió al Gobierno que "hagan las cosas como se comprometieron". Asimismo, acusó al Ejecutivo de acordar pagos con AMAC (la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales nucleares), para que los pueblos englobados en esta organización se ofrecieran voluntarios a albergar el ATC y, de este modo, "poder abrir un melón que temían no poder abrir".

En su intervención, el ministro de Industria negó "rotundamente" esta acusación y explicó que los ingresos que reciben los municipios en zonas nucleares están establecidos por una orden ministerial y se financian a través de las tasas que pagan las empresas eléctricas.

"La información de que Industria ha puesto dinero es rotundamente falsa. La publicó un solo medio de comunicación y, al día siguiente, la desmintió. El Ministerio no pone nada. Todos los municipios situados en el entorno de nucleares reciben asignaciones desde 1988", indicó.

"En ningún momento el Ministerio ha impuesto como condición" para acceder a esos fondos "la presentación de candidaturas, ni mucho menos hemos alcanzado acuerdo alguno con AMAC", dijo.

Reconoció, eso sí, que desde 2006 (esto es, mucho antes de que se iniciara el proceso para elegir al pueblo que albergará el ATC) se está negociando una modificación de esta asignación.

Incidió asimismo en que los reactores nucleares se suelen ubicar en zonas rurales con baja renta per cápita, con el objetivo de que ayuden a generar fuentes alternativas de riqueza. "También hay municipios que reciben una asignación por la instalación de parques eólicos" y, en ese caso, no suscita ninguna sospecha, añadió Sebastián.

Por otro lado, el ministro defendió que el procedimiento que el Gobierno está implementando en relación al ATC cumple con todas las normativas y procedimientos internacionales.

SIN ALTERNATIVA

Sebastián reprochó a Herrera que su grupo se limite a criticar el proyecto del ATC, sin proponer ninguna alternativa. También reivindicó la "unanimidad" con la que la Comisión de Industria del Congreso aprobó en 2004 la resolución para el desarrollo del ATC.

Además, sostuvo que la construcción del almacén es "coherente y responsable" para poner solución a un problema derivado de la apuesta que España hizo "en el pasado" por la energía nuclear.

Dicha apuesta "conlleva la generación de residuos; por lo tanto, el ATC resuelve un problema de una decisión del pasado", dijo.

De hecho, consideró que, incluso en la posición más antinuclear (si se cerraran y desmantelaran todos los reactores nucleares que operan en España), "seguiríamos teniendo los residuos: 6.700 toneladas de combustible gastado".

La opción de instalar almacenes temporales individuales (uno por central) es "más cara e insegura", ya que entrañaría un coste de "entre 1.300 y 2.400 millones de euros, en función de si además se contabilizan los residuos de Francia", por los que el país vecino "va a cobrar 60.000 euros al día, en el caso de que no los traigamos".

En el proceso de elección, el Gobierno y los ayuntamientos serán los principales actores, por lo que Sebastián pidió a las comunidades autónomas el mismo respeto que ellas exigen.

Finalmente, el responsable de Energía hizo una puntualización al diputado catalán: "el ATC no es un cementerio, es un almacén temporal, y la opción por la que han optado casi todos los países desarrollados. Creemos en el progreso: algún día esos residuos se convertirán en combustible, la nuclear será una energía renovable más y usted vendrá a defenderla; al tiempo", le emplazó.