Así lo acordó el pasado viernes el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco en un auto en el que admitía la denuncia presentada contra la edil de Guanyar Alacant por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El auto expone los hechos relatados en la denuncia, según la cual Marisol Moreno publicó en su blog de Internet, el 14 de abril de 2012, un artículo titulado “Borbones asesinos” en el que, junto con una foto del entonces monarca tras abatir un elefante, vertió una serie de manifestaciones con "ánimo de menospreciar o descreditar al anterior Jefe de Estado".

Además, la denunciada, desde el 24 septiembre de 2013 hasta, al menos, el pasado 21 de abril, tanto en el citado blog como a través de su cuenta de Twitter y de su perfil en Facebook, realizó diversas manifestaciones “con el ánimo de incitar al odio o la violencia”.

"Este hijo de puta ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que los humanos..., aunque claro, qué se puede esperar de un tío que disparó a su propio hermano y lo mató", dice en una de sus publicaciones.

En otro de los 'tuits', Moreno califica de "borracho" y "hominido inconsciente y poco evolucionado" al Monarca y a personajes públicos como Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Toni Cantó o Andrés Calamaro. "No me da la gana que mis impuestos subvencionen asesinatos!! a no ser que sean los de los políticos", asevera en otro mensaje.

"¡Qué asco me da Gallardón!" dice la concejal en su cuenta de Twitter el 12 de febrero de 2014 en la que se pregunta por "Celia" (Villalobos) y dice que "si algún día me la cruzo en un bar de ambiente la mato".

El magistrado recuerda en el auto varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión y señala que, "en el supuesto que nos ocupa, en aplicación de esta doctrina, no estando determinadas la naturaleza y concretas circunstancias de tales hechos, el contexto en que se produjeron ni las personas que en ellos han intervenido es procedente (...) incoar diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable". En este sentido, el juez solicita que se compruebe la titularidad de las cuentas de Twitter y Facebook donde se publicaron los mensajes.

Además, requiere a la secretaria judicial y a la Policía para efectuar la salvaguarda judicial de los mensajes relatados en la denuncia, medida que considera "necesaria", ya que el fin que se persigue, asegurar los datos, "no puede lograrse por otro medio menos gravoso para la afectada por la medida a la vista del riesgo de destrucción y manipulación de los archivos informáticos".