Según informaron a Servimedia fuentes del Gobierno valenciano, el manifiesto está aún está en fase de borrador pero Puig se reunió esta semana con todos los grupos parlamentarios para consensuar una posición común en esta exigencia, que se ha dado en llamar los “pactos de la Generalitat”, y dijo haber detectado gran “sintonía”. En los próximos días se reunirá también con empresarios y sindicatos.

Las fuentes consultadas explicaron que el manifiesto se redactará de forma que pueda firmarlo también el PP, a pesar de que la exigencia se traslade a un Gobierno central que actualmente regentan los populares. El PP valenciano sí se ha declarado genéricamente favorable a reclamar una mejor financiación para la Comunidad.

El Gobierno valenciano cree que existe “un consenso generalizado” de que existe esa infrafinanciación, aunque hasta ahora no se haya “plasmado sobre el papel con un acuerdo unánime de los partidos y la sociedad civil”.

Esto es lo que pretende conseguirse para cuando Rajoy llame a Puig para mantener su primera reunión institucional. La Generalitat no quiere llamar a esos 12.000 millones “deuda histórica”, sino “déficit estructural” o “déficit de financiación acumulado”, y resultaría de la agregación de un déficit de unos 210 euros por habitante y año desde el sistema de financiación autonómica implantado en 2002 y luego modificado en 2009.

La Administración valenciana alega que, siendo el PIB per cápita regional un 12% inferior a la media, en caso de recibir una financiación media la Comunidad debería recibir unos 1.200 millones más al año y, si se tuviera en cuenta el nivel real de su economía, unos 5.800 millones más.

POBRE Y CONTRIBUYENTE

“Somos la única comunidad pobre que además es contribuyente neta”, enfatizaron las fuentes citadas, que añadieron: “Esos 12.000 millones los queremos; no hemos puesto fecha pero los queremos”.

La Comunidad Valenciana es la autonomía más endeudada, con 40.000 millones, un 39,6% del PIB, según los datos difundidos el viernes por el Banco España. Desde la Generalitat aseguran que esto no es por despilfarro, pues la comunidad es una de las que menos gasto sanitario y educativo reflejan, y apenas tiene margen para realizar, por ejemplo, políticas activas de empleo. “Ya no podemos rascar más”, dicen.

Y, aun así, este año se anuncia un nuevo déficit del 2,3%, otros 2.300 millones, y ni siquiera con la hipotética recuperación económica la Generalitat podría cumplir con el déficit del 0,3% establecido para 2016.

El manifiesto que Puig quiere consensuar reclamará inversiones acordes con el Estado y una nueva financiación autonómica que, más allá de ratios por habitante, revise todo el sistema desde cero.

Esto incluiría cuestionar si el Estado ha de seguir recaudando una proporción tan alta de los impuestos cuando las competencias más onerosas, la sanidad y la educación, las gestionan las comunidades. Y también poner en solfa los supuestos privilegios del concierto vasco y navarro. “Pediremos que, cuando se abra el sistema de financiación, se abra el melón para todos”, advierten desde el Gobierno valenciano.

Paralelamente, la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, barajó esta semana la posibilidad de llevar la supuesta infrafinanciación de Valencia por la vía judicial, toda vez que en el Gobierno autonómico se estima que no cumple el requisito de suficiencia para financiar los servicios públicos que exige la Lofca.