Así lo explicaron este viernes en rueda de prensa para presentar el estudio el investigador en ODG y autor del estudio, Pablo Cotarelo, y la coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero.

No obstante, considerando la actualización del valor del dinero al equivalente de todos los apartados de estos pagos en 2013, el resultado de los pagos ilegítimos a este sector se situaría entre los 81.709 millones y los 103.899 millones de euros.

Cotarelo explicó que a través de la tarifa eléctrica se han realizado pagos que van contra los intereses de la población, a través del componente regulado y el componente de mercado, así como mediante otros pagos.

En concreto, en el apartado del componente regulado, Cotarelo indicó que debido a la “opacidad y falta de racionalidad” en el pago de déficit de tarifa, los pagos ilegítimos en este punto ascenderían a 13.169 millones, así como en los pagos relacionados con el carbón (2.799 millones), los costes de transición a la competencia (9.479 millones) y la nuclear (6.100 millones).

En el apartado de otros pagos, el mayor montante por pagos ilegítimos se deriva de los pagos por capacidad y garantía de potencia (15.607 millones), seguido del alquiler de contadores (3.943 millones), contrato de interrumpibilidad (2.804 millones) y el impuesto de electricidad (1.965 millones).

BENEFICIOS “CAÍDOS DEL CIELO”

De igual forma, Cotarelo se refirió a los beneficios generados por un “comportamiento totalmente irregular en el mercado diario”, que en el estudio se recoge mediante una comparativa entre ingresos reales obtenidos por instalaciones más antiguas e hidroeléctricas frente a lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente el marco normativo anterior.

Así, los ingresos recibidos por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas son más de 70.762 millones, mientras que con el marco anterior 48.573, por lo que los beneficios “extraordinarios” conseguidos por este tipo de instalaciones ascienden a 22.190 millones.

En cuanto a la subasta Cesur, el sistema anterior al actual que determinaba los precios de la luz, los pagos ilegítimos habrían alcanzado los 1.605 millones.

LAS GRANDES ELÉCTRICAS, 65.000 MILLONES

De igual forma, las grandes eléctricas españolas representadas por la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) habrían percibido más de 65.000 millones en pagos ilegítimos.

En este sentido, Cotarelo indicó que estas empresas “no serían sostenibles económicamente sin estas ayudas” reconocidas por el Estado y realizada por los usuarios finales.

De igual forma, la coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético señaló que “no se comprende” que con un sistema actual que presenta sobrecapacidad de generación los consumidores abonen pagos por capacidad, y pagos por interrumpibilidad.

“El sistema eléctrico encubre una transferencia de renta de los consumidores a las grandes eléctricas”, apuntó Romero, quien advirtió de que por este motivo el recibo de la luz es “muy complejo”.

Romero criticó también que se subvencione al carbón y en cambio se pongan “todas las trabas del mundo” a las energías renovables, al tiempo que reprobó la deuda millonaria contraída con las eléctricas cuando tienen “beneficios milmillonarios”.

AUDITORÍA CIUDADANA

El estudio, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, incide también en la “deuda ecológica”, y propone como solución para la “opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos” comenzar por la realización de una auditoría pública con la “ineludible” participación ciudadana.

Además, desde Nuevo Modelo Energético y el ODG pide la cancelación de las normas que han permitido y generan estos pagos ilegítimos, sustituir el mercado eléctrico actual por un sistema de fijación de precios basado en la “racionalidad” y un plan de recuperación y devolución de estos pagos, entre otras.

Al acto de presentación del estudio acudieron representantes de los sindicatos, asociaciones de consumidores como Facua-Consumidores, que exigirá a los partidos políticos para que se comprometan en sus programas a efectuar una auditoría del sistema, así como organizacinoes ecologistas y partidos políticos.