Según el texto, la medida supone “una vulneración de la libertad religiosa” recogida en la Constitución española y amparada por la Declaración de los Derechos Humanos. Asimismo, según la comunidad musulmana, el real decreto chocaría con la normativa actual, que “garantiza que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas tengan plena autonomía y puedan establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal”.

Asimismo, la carta denuncia que con la reforma prevista se pone “en duda” la aplicación del principio de laicidad y “alimenta la islamofobia y la intolerancia religiosa”.

Por todo ello, las entidades firmantes solicitan “la paralización del mencionado intervencionismo gubernativo” y pide que si hay controversias se resuelvan por vía judicial.