Durante la Comisión de Igualdad en el Congreso convocada para la comparecencia del ministro con el fin de hacer balance de la aplicación de la Ley impulsada por los socialistas hace una década, Alonso no fue el único que se refirió a esa necesidad de reforma, ya que varios diputados también invitaron a considerar otras víctimas y otros tipos de violencia, en referencia, entre otros, a las personas mayores, las madres de menores asesinados, el colectivo LGTB, y entornos de violencia como la familiar o toda aquella que se produzca contra las mujeres.

Durante su intervención, el ministro enumeró una lista de datos referidos a la aplicación de la Ley de Violencia de Género. Por ejemplo, recordó que, a 31 de julio, un total de 6.266 maltratadores cumplían condena en las cárceles españolas y que desde que hay estadísticas, en 2003, esta lacra ha producido 793 muertas. Asimismo, hasta marzo de este año, el número de denuncias asciende a 1.082.000 y que desde 2005, 21.000 mujeres han recibido ayudas para el cambio de domicilio.

Alonso también se refirió a que en mayo de 2015, se encontraban registados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen) 370.900 casos de los que 50.400 estaban activos y, por lo tanto, recibían seguimiento. Además, desde 2007 hasta marzo de 2015, se contabilizaron más de 300.000 órdenes de protección. En este ámbito, en julio había 16.000 mujeres protegidas por la policía.

El teléfono 016 ha recibido más de 500.000 llamadas desde su puesta en marcha y el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (Atempro) cuenta con 64.000 altas. Otro dato difundido en la comisión hizo referencia a que más de 66.000 mujeres han recibido asistencia jurídica gratuita hasta diciembre de 2014.

En cuanto a presupuesto, Alonso expuso que en esta década el Estado ha destinado más de 3.150 millones a la lucha contra esta lacra, a los que hay que sumar otros 982 a través de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

UNA WEB Y UNA GUÍA

El máximo responsable de las políticas de igualdad aprovechó la comparecencia para anunciar que en las próximas semanas el Ministerio de Sanidad pondrá en marcha la web 'Por una sociedad libre de violencia de género', una plataforma ‘online’ “popia y específica” sobre violencia de género que suponga “un punto de referencia”.

Además presentó una guía didáctica que permitirá formar a educadores, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la abogacía y de la atención psicosocial para prevenir los malos tratos en más ámbitos de la sociedad, especialmente entre los más jóvenes.

Asimismo, se refirió a que un protocolo en el exterior protegerá a las españolas víctimas de la violencia de género que vivan fuera de España y recordó que en las próximas semanas el Gobierno impulsará un plan de trata.

DATOS PREOCUPANTES

Durante su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Álvarez, pidió incorporar en la normativa como víctimas de la violencia de género a las personas del entorno de las mujeres maltratadas.

Álvarez se refirió a los datos “preocupantes” referidos al descenso del número de denuncias, la bajada de las órdenes de protección (en 2014 se denegaron el 43% de las solicitudes de órdenes de protección, y que en algunos juzgados asciende al 90%) y el aumento de las retractaciones, los quebrantamientos de penas y el archivo de denuncias. En este sentido, subrayó que 1.500 mujeres al año “dan un paso arás” y “se rinden”, porque que se ven sin recursos “suficientes”.

La diputada, que tildó de “tribuna electoral” la comparecencia de Alonso, propuso en nombre del PSOE como “parte de los compromisos del próximo gobierno socialista” un nuevo sistema de valoración forense de riesgo para asesorar al juez e incorporar a las madres de los niños asesinados para beneficiarse de la ley como víctimas directas.

En resumen, concluyó, “la ley sufre un ataque de interpretación restrictiva y de racanería presupuestaria”. Álvarez hizo hincapié en que la ley necesita ser “reforzada” con un plan permanente de protección y en el papel que ha desempeñado en los últimos años el movimiento de las organizaciones de mujeres.

También habló de “ralentización” en el desarrollo de la Ley de Violencia de Género la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila. En su opinión, eso se debe a cuestiones como que “en educación no se está haciendo todo lo que se debería” y que los presupuestos son “restrictivos”, con un 25% menos que en 2011.

El recorte presupuestario fue uno de los argumentos en los que se centró la parlamentaria de La Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, por lo que “aunque las medidas puedan ser buenas, en ningún caso podrán dar el resultado que se espera”.

Además, recriminó al Gobierno que la “nefasta” Ley de régimen local haya provocado el cierre de puntos de encuentro y la reducción del número de profesionales que los atienden y que se hayan quitado competencias al Instituto de la Mujer.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, Joseba Andoni Agirretxea, insistió en que la desigualdad produce una mayor posibilidad de violencia de género, y que es “gravísima” en el caso de los más jóvenes, a los que afecta “una especie de violencia psicológica en edades muy tempranas”. Por ello, dijo, la sociedad no puede andarse “con medias tintas” con una ley que “no cubre todos los aspectos que debería cubrir” o “no está respondiendo a todas las necesidades”.

TODO TIPO DE VIOLENCIA

Durante su turno, el diputado de UPyD, Julio Lleonart, pidió una nueva ley “general” de violencia de género, que luche “contra la violencia a las mujeres en general” y amplíe la violencia fuera del ámbito familiar o de las relaciones de pareja y a otros colectivos, como el LGTB, en la línea de lo que indican los organismos internacionales. Asimismo, llamó a “analizar bien las causas del descenso de las víctimas mortales a partir de 2010”, año desde el que la población española tiene un millón menos a causa de la crisis.

Por Unió Democràtica de Catalunya, Antoni Picó, defendió la necesidad de dejar de lado “los sesgos ideológicos” y ampliar la Ley de Violencia de género “más allá de las políticas aplicadas en la lucha contra las mujeres”, en referencia “todo tipo de violencia”, ya sea contra las mujeres, en el seno del hogar y en el seno de la familia o a otros colectivos vulnerables como menores y ancianos.

La parlamentaria de Convergència Democràtica de Catalunya Lourdes Ciuró defendió que “desigualdad y violencia de género son dos caras de la misma moneda” por la falta de educación en igualdad y prevención. “Este cáncer social estamos trabajando mucho en dar salida a las mujeres preo no estamos tratando de evitar suficientemente que se entre en la violencia”, de ahí la necesidad de políticas de igualdad, dijo.

Por el PP, Marta González pronosticó “un largo camino por recorrer para arrancar de las mentes el machismo contra las mujeres” y, como otros colegas, apuntó a ampliar el ámbito de la ley más allá del ámbito de la pareja.