Lo que coloquialmente se conoce como delito ecológico -delitos contra la salud pública, según el Código Penal- son los atentados que se producen contra el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna.

Según se recoge en la revista la revista, la legislación española contempla "poco o mal este tipo de delitos", según afirma la abogada Cristina Alvarez. En opinión del abogado José Manuel Marraco, "el artículo 347 bis del Código Penal es inconstitucional por omisión, ya que se limita a sancionar las emisiones de gases contaminantes o los vertidos tóxicos al agua".

"Con la ley en la mano", explica Marraco, "no es un delito pegarle fuego al Parque Nacional de Ordesa, como ocurrió recientemente, ni tampoco lo es matar quebrantahuesos, una especie protegida y en vías de extinción".

Según José Manuel Marraco, "el vacío legal hace que los abogados e la naturaleza busquen argucias legales para conseguir sentencias condenatorias, pero hay un obstáculo más: la ley española sólo permite condenar a personas, nunca a empresas".

"Así, por ejemplo", matiza el especialista, "si una compañía contamina una zona -como ocurrió con Endesa y la comarca del Maestranzgo en Castellón-, se sanciona al director de la empresa, nunca a ésta".

La falta de sensibilidad hacia estos temas, según señala la revista, ha hecho que el propio Gobierno español haya sido cndenado, por primera vez en su historia, por un delito ecológico.

El Alto Tribunal de Luxemburgo dictó, en agosto de este año, una sentencia en la que culpa al Gobierno de permitir el deterioro de las marismas de Santoña (Cantabria) y consentir su contaminación al no declararlas Zona Especial de Protección para las Aves.