Así se desprende del informe ‘Europa para la mayoría, no para las élites’, elaborado por Oxfam y hecho público este miércoles, en el que destaca que “la pobreza y la desigualdad han alcanzado niveles alarmantes” en los 28 países de la UE.

Se considera que una persona vive con carencia material severa si incumple al menos cuatro de los nueve siguientes servicios esenciales: no tener retrasos en el pago del alquiler, la hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos; mantener la casa con una temperatura adecuada durante los meses fríos, afrontar gastos imprevistos, comer carne o pescado cada dos días (o el equivalente en los vegetarianos), disfrutar de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año y tener coche, lavadora, televisor a color y teléfono.

El número de ciudadanos de la UE que vivieron con severas privaciones materiales entre 2009 y 2013 se incrementó en 7,5 millones, hasta llegar a los 48 millones. Además, unos 123 millones se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, esto es, con unos ingresos inferiores al 60% de la media. Mientras tanto, el número de milmillonarios ha pasado de 145 en 2009 a 222 en 2013 y 342 en 2015.

El informe está acompañado de otros documentos, como una “Liga de la desigualdad”, en la que Oxfam clasifica a los 28 países de la UE por la variación en el número de personas que sufren privaciones severas entre 2005 y 2013.

El dudoso honor de la “Liga de la desigualdad” lo encabeza Grecia, donde el porcentaje de ciudadanos con problemas materiales para cubrir sus necesidades básicas se ha incrementado en un 8,7% en ese periodo, seguida de Italia (5,1%), Irlanda y Malta (4,8%), Chipre (3,1%) y España (3%), que ocupa la sexta plaza, al pasar del 4,1% de 2005 al 7,1% de 2013.

OTRA POLÍTICA FISCAL

Según Oxfam, entre las causas de este incremento de la desigualdad figuran las medidas de austeridad aplicadas en la mayoría de los países europeos desde el inicio de la crisis económica y las decisiones en políticas fiscales, tanto en su vertiente de recaudación como de gasto público).

En cuanto a España, Oxfam indica que ocupaba el 15º lugar de los países de la UE con mayor desigualdad de ingreso de mercado (antes de impuestos y transferencias), pero se sitúa como el cuarto más desigual una vez aplicados los impuestos y las transferencias (incluidas las pensiones), “lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema fiscal para reducir la desigualdad”. De hecho, esta organización señala que más de tres millones de españoles vivían en 2013 en situación de privación material severa, el doble que en 2007.

“Este informe señala claramente cómo el incremento de la pobreza y la desigualdad son consecuencias directas de decisiones políticas erróneas que son fácilmente reversibles. Es incomprensible que en un momento de crisis, donde se necesita proteger a los más vulnerables, las medidas que se adoptan son las contrarias: por un lado, reducir la inversión en políticas públicas y, por el otro, poner en marcha un sistema fiscal que beneficia a los que más tienen y empobrece a la mayoría”, afirmó José María Vera, director general de Oxfam Intermón.

Por su parte, Teresa Cavero, responsable de Investigaciones de Oxfam Intermón y autora del informe, destacó que “los sistemas fiscales injustos permiten a las grandes empresas evadir miles de millones de euros poniendo el grueso de la presión fiscal sobre los ciudadanos”.

“Se estima que la UE pierde cada año un billón de euros en fraude fiscal, cantidad suficiente para duplicar la inversión total en salud pública de todos los países de la UE o equivalente a cinco rescates a Grecia. En España, el 90% de la recaudación del Estado proviene de los impuestos directos e indirectos de los ciudadanos, mientras que las grandes empresas sólo aportan un 2% del total”, agregó.

Por último, Lara Contreras, responsable de Incidencia Política de Oxfam Intermón, apuntó que el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2016 “no refleja una voluntad política de corregir el aumento de la pobreza y la desigualdad, sino que, al contrario, su aprobación profundizaría la brecha social en un momento en que la población española en riesgo de pobreza y exclusión está cercano al 30%”.

“Es imprescindible que los partidos políticos incorporen en sus programas medidas que reduzcan la desigualdad e incrementen de forma decidida el gasto social que beneficie a los más vulnerables”, concluyó.