Lesmes se refería así, sin mencionarlo expresamente, al desafío soberanista que se plantea en Cataluña a poco más de dos semanas de las elecciones autonómicas que afronta el Ejecutivo autonómico como un plebiscito sobre la independencia.

El rey Felipe VI preside este martes la ceremonia de apertura del Año Judicial, que se celebra en la sede del Tribunal Supremo, con la asistencia de Lesmes y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que asiste por primera vez tras su nombramiento.

A la ceremonia asisten los cerca de 90 magistrados del Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y secretarios judiciales de dicho órgano; los vocales del CGPJ; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y los presidentes del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; y del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, entre otras autoridades.

También están presentes la defensora del Pueblo, Soledad Becerril; portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y el de la Audiencia Nacional.

Como ya ocurrió el pasado año, el pulso soberanista que se vive en Cataluña ha centrado una parte del discurso de Lesmes. El presidente del poder judicial insistió en que los jueces están obligados a garantizar que la ley sea respetada como “condición existencial de la propia democracia”.

“Al margen de la Ley no hay libertad, no hay democracia, sólo espejismo y, en definitiva, frustración. Desde esta perspectiva, la ruptura unilateral de unos valores de convivencia, fraguados por todos desde el consenso, supone traspasar los límites de la honestidad democrática, consustancial al Estado de Derecho”, afirmó.

INDEPENDENCIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN

En su discurso ante el Rey y la cúpula de la judicatura, Lesmes defendió la plena independencia de la actuación de los jueces en la lucha contra la corrupción y afirmó que “las críticas interesadas no van a conseguir debilitarla ni a corroer la confianza de los ciudadanos en las distintas instancias judiciales”.

Los jueces, aseguró, “somos plenamente conscientes de que combatir la corrupción supone librar una verdadera batalla en pos del Estado de Derecho sin tregua ni ambigüedades, y con toda la fuerza y el vigor que nos transmiten los ciudadanos frente a una situación que sólo puede calificarse de degradación de la vida pública”.

La defensa de la ley, explicó también, exige “respuestas responsables” frente al drama de los refugiados y de la inmigración, eficiencia en la lucha contra la violencia de género, en la protección de la infancia, y “una extraordinaria firmeza frente a la criminalidad que no conoce fronteras y que trunca la vida y la esperanza de miles de personas”.

Lesmes apostó por preservar el prestigio alcanzado “mediante una jurisprudencia coherente que atienda los anhelos de los ciudadanos huyendo de populismos contrarios a nuestra esencia, como aquellos que ponen en solfa los mandatos del legislador o las sentencias de los tribunales, subordinando la obediencia constitucionalmente debida a lo que, en cada coyuntura, se estime como justo o injusto”.