Según la Fundación Daniela, esta ley busca ir más allá de la regulación de la identidad de género o de transexualidad, que se llevó a cabo con la Ley 3/2007, del 15 de marzo. Aunque la fundación sostiene que las comunidades autónomas han regulado las carencias de esta norma, en la que se establece un sistema de reconocimientos y derechos del colectivo transexual, considera importante que exista una Ley Integral de Transexualidad a nivel estatal, para que de esta manera los beneficios a las personas de este colectivo no dependan de la comunidad en la que vivan.

Los niños, niñas y adolescentes transexuales necesitan tener derechos como "utilizar libremente el nombre que hayan elegido, que debe ser reflejado en su documentación legal, en la documentación administrativa del centro académico, en los listados de alumnos y calificaciones académicas. Derecho a poder recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal, y derecho a no sufrir discriminación", añade la fundación.