Según informó hoy Interior, la organización utilizó al menos 30 empresas mercantiles, creadas para estos fines, que en cinco años habrían manejado alrededor de 105 millones de euros en operaciones, y cuyo IVA no ingresaron en las arcas públicas.

La operación se inició tras una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Castilla y León, en la que ponía de manifiesto la existencia de un vecino de la localidad de Magaz de Pisuerga (Palencia) y otro de Palencia capital, que podrían estar adquiriendo vehículos en la Unión Europea y que, una vez en España, no ingresaban en el tesoro público las correspondientes cuotas de dicho impuesto.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se detectó a un grupo delictivo dedicado a la compra de vehículos en países de la Unión eludiendo los impuestos. Para ello, utilizaban el esquema clásico en este tipo de fraudes, consistente en situar en el primer escalón de la importación de los vehículos a un operador fraudulento, registrado previamente en el Registro de Operadores Intracomunitarios, para que simulara operaciones de compra de productos en la Unión Europea, que al tratarse de operaciones intracomunitarias están exentas de IVA en origen.

De este modo, el IVA que la 'trucha' (operador fraudulento) no ha ingresado en la Hacienda Pública se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. En algunas ocasiones se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

TRES FASES

Así, entre las tres fases de las investigaciones, llevadas a cabo por la Guardia civil a partir de principios de 2014, a comienzos de este año y en julio, los especialistas han completado la operación habiendo investigado de forma exhaustiva y rigurosa a 44 empresas y 85 cuentas corrientes, lo que ha requerido el estudio y análisis de miles de movimientos bancarios, así como el examen de una inmensa cantidad de documentación tributaria y mercantil, dado el abultado número de empresas y de ejercicios fiscales a controlar. También se ha averiguado el destino y procedencia de cientos de vehículos.