Con 16 votos en contra, el PP usó su mayoría parlamentaria para oponerse a los vetos, frente a 9 senadores que los apoyaron y uno que se abstuvo. También se presentaron 35 enmiendas al texto, que no se debatieron y que se tratarán en el Pleno del Senado, que previsiblemente se celebrará el 9 de septiembre, según anunció el vicepresidente de la Comisión, Francisco José Fernández.

Los senadores también aprobaron con 13 votos a favor, 9 en contra y una abstención el dictamen de la ponencia del Senado, con la incorporación de una corrección técnica.

La presidenta de la Comisión, la senadora del PP, Carmen de Aragón, defendió la oposición de su grupo a los vetos y acusó de “arrogancia” a los representantes de la oposición al interpretar lo que el PP y sus votantes piensan sobre la Ley del Aborto.

Asimismo, se excusó de estar haciendo electoralismo, pues en su opinión la reforma es “necesaria y urgente”. “El resto saben ustedes que está en el Tribunal Constitucional y que en este momento no lo vamos a debatir”, en alusión al recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley vigente.

También dijo que “el embarazo no es una enfermedad y el aborto no es un tratamiento” y que en lo que todos los grupos coincidirían es en que la interrupción del embarazo supone “un trauma tremendo para la mujer”.

DEFENSA DE LOS VETOS

En defensa de los vetos tomaron la palabra varios senadores, como la socialista María Isabel Flores, que calificó de “burla a los derechos de las mujeres” que la reforma se esté tramitando en verano y recordó al PP que 9 de cada 10 adolescentes acuden a abortar con el conocimiento de su familia.

“El problema son las otras”, en alusión al 4% de las embarazadas de familias desestructuradas. Para ella, la reforma es “innecesaria y profundamente ideológica” y que la Ley vigente es adecuada.

José María Cazalis Eiguren, del Grupo Parlamentario Vasco, se opuso a la reforma porque la ley actual se gestó tras un “gran” y “difícil” acuerdo. También consideró que es “una buena noticia” que el PP apoye la ley vigente ya que sólo modifica algunos aspectos.

El senador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias Fernández, apuntó que “con esta reforma se pretende salir al paso del uso frívolo de la utilización de la interrupción voluntaria del embarazo” y para evitar la “marginación” de los padres para “velar” por los intereses de los hijos, agregó.

Iglesias recordó que el 3,6% de las menores de 16 y 17 años, según datos de las clínicas de interrupción del embarazo de 2014, y en el 87% se produjo una información al representante legal.

Durante su turno de palabra, la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julios agregó que con la reforma “se pretende dar una imagen engañosa de un grave social porque hay muchos chicos y chicas que utilizan el aborto como un método anticonceptivo”. “Eso no es cierto”, sentenció.

La senadora canaria añadió que el texto que se propone es una “restricción al derecho a las mujeres”, y pone en peligro a las que más riesgo tienen de un embarazo no deseado, como son las que viven en entornos familiares “complicados” y posibles víctimas de violencia de género. Esta reforma, según ella, es la “hija menor” al “intento frustrado” del ex ministro Ruiz Gallardón.

En nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, Ester Capella abanderó la defensa de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y “también a la salud sexual” frente a lo que ella considera una reforma para “acallar las voces del sector más retrogado de la Conferencia Episcopal y de un sector de su electorado”. También dijo que la ley desatiende las recomendaciones internacionales y que se está tramitando “a hurtadillas” aprovechando los meses de verano.

Por Podemos tomó la palabra María Isabel Mora, que como otros colegas, se refirió a recomendaciones internacionales. Durante su turno concretó una serie de supuestos y casuísticas como hijas de inmigrantes o víctimas de abusos incestuosos en los que las mujeres podrían ser perjudicadas con la reforma que se propone.

También recordó que el 0,44% de las que interrumpen el embarazo son menores que no pueden comunicar a sus padres porque están en situación de maltrato o desarraigo familiar.

La portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya, la senadora del PSC Mónica Almiñana, se reafirmó en manterner la actual ley y calificó su modificación como “electoralista” y enfocada a “contentar a un grupo muy concreto del PP que no consiguió lo que quería”. Asimismo, insistió en que “son muy pocas las mujeres que acuden sin sus progenitores” a abortar, y éstas son “muy vulnerables”, si no “no lo harían”: mujeres muy jóvenes, pobres y de entornos desstructurados.