Así lo señala el organismo regulador en un informe sobre el proyecto de Real Decreto de Desindexación de la economía española, publicado este lunes, en el que se refiere a las excepciones al principio general de no indexación en el ámbito energético y en la contratación pública, donde es posible una revisión periódica y predeterminada de los valores monetarios.

A su juicio, debe justificarse de forma “más detallada” el porqué del tratamiento diferencial, pues es preferible que el principio de no indexación se aplique de manera general y además “asegurar que las revisiones de precios, de ser necesarias, se orienten a los costes de una empresa gestionada de forma eficiente.

En esta línea, apunta que aunque se introducen mejoras en lo relativo a la normativa de contratación pública, aún cabe justificar la existencia ciertas excepciones, como los contratos susceptibles de revisión o las posibilidades de revisión del coste de la mano de obra en el caso de una intensidad de uso del factor trabajo significativa.

En todo caso, valora la inclusión de los principios de referenciación a costes y de eficiencia y buena gestión empresarial, así como la posibilidad de revisión a la baja de los precios. Sin embargo, se recomienda una mayor concreción para superar las dificultades de aplicación de estos principios.

Además, considera que la utilización de fórmulas debe respetar ciertos criterios, como la utilización de índices disponibles al público y la consideración (obligatoria y no potestativa) de un factor que se module por el crecimiento de la productividad.

Competencia reiteró que en economías desarrolladas como la española, con una inflación relativamente baja, estable y fácilmente predecible, existe un “relativo consenso” en que la práctica de la indexación (vincular la evolución del valor monetario de una variable a la evolución del IPC) presenta efectos económicos negativos. “La indexación automática de precios y rentas distorsiona la competencia efectiva al desvirtuar la información que deben transmitir los precios sobre la demanda y la oferta, lo que dificulta la toma de decisiones eficientes por parte de los agentes”, recordó.