El informe, basado en la información proporcionada por la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (Unamid, en sus siglas en inglés), detalla casos de violaciones de derechos humanos y revela la impunidad generalizada en estos casos.

Así, de los 411 casos documentados por la Unamid de presuntos violaciones y abusos del derecho a la integridad física por todas las partes en el conflicto (de ellos, 127 con violencia sexual), muy pocos fueron investigados o acabaron con arrestos. El informe señala que se trata de 411 casos “ilustrativos de un patrón más amplio de violencia” en Darfur.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein, afirmó que el informe “pinta un cuadro muy sombrío del fracaso sistémico o la rotunda negativa de las autoridades a tomarse en serio las violaciones de derechos humanos” y añadió que “la mayoría de las víctimas no han recibido justicia o cualquier remedio por los males que sufrieron”.

Zeid subrayó que el hecho de que personal de derechos humanos de la ONU fuera expulsado por la policía en Darfur es “muy preocupante e indica el grado en que los funcionarios del Estado se sienten que están por encima de la ley”. “Las autoridades deben poner fin a la impunidad endémica en Darfur”, apostilló.

El informe detalla incidentes en los que la policía y las fuerzas de seguridad sudanesas se vieron presuntamente involucradas en ataques físicos contra la población civil, incluidos tiroteos y asesinatos, así como secuestros, robos y extorsiones, casos que no se denuncian por temor a represalias y una falta general de confianza en las autoridades.

OBSTÁCULOS

Así, el trabajo del personal de la ONU se vio obstaculizado en algunos casos por la negativa de las autoridades gubernamentales y los grupos armados de la oposición a que pudiera llegar las zonas donde presuntamente se habían cometido abusos graves.

Éste fue el caso de la aldea de Thabit, al norte de Darfur, donde algunos medios de comunicación indicaron que tuvo lugar una violación masiva de derechos humanos el pasado 31 de octubre. Tras una denegación inicial de acceso por parte del Gobierno, la Unamid visitó finalmente el lugar el 9 de noviembre, pero, debido a la presencia de las Fuerzas Armadas de Sudán, los residentes se mostraron reacios a hablar libremente.

Por otro lado, el informe documenta violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto, incluyendo el bombardeo aéreo indiscriminado de zonas civiles con resultado de muerte y lesiones, la quema de aldeas y la destrucción de otros bienes de carácter civil y medios de subsistencia.

Iniciativas del Gobierno de Sudán para hacer frente a la situación, como la creación del Tribunal Especial para los Delitos de Darfur en 2003, las comisiones nacionales de investigación, mecanismos de investigación judicial y la revisión del Código Penal de 1991, “se han mostrado hasta el momento ineficaces, lo que refleja la falta de voluntad para hacer frente a la impunidad”, según la ONU.

La Unamid ha estado trabajando con el Gobierno de Sudán, el poder judicial y la policía para abogar por la justicia y la rendición de cuentas desde que fue establecida en 2007. Zeid señaló que la ONU está dispuesta a seguir prestando asistencia al Ejecutivo para garantizar la rendición de cuentas y el derecho a la reparación de las víctimas, pero precisó que, en última instancia, se trata de una cuestión de voluntad política.

"Insto al Gobierno de Sudán y a los grupos armados de oposición a adoptar las conclusiones de este informe muy en serio y dar prioridad a la lucha contra la impunidad, en particular con investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas, independientes e imparciales, y procesamientos, en consonancia con las normas internacionales normas y estándares ", apuntó.