Así lo aseguró Sánchez en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde explicó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 correspondiente a la Corporación RTVE.

Sánchez explicó que la actividad de RTVE ha estado “condicionada por las circunstancias de la crisis económica” desde la aplicación del actual modelo de financiación de la corporación, con “incertidumbre” en los ingresos, en un contexto de competencia en el mercado televisivo y con “cuotas de mercado publicitario casi excluyentes” para el ente público que dirige. Así, indicó que la corporación ha reducido sus ingresos en un 25,5% y sus gastos en un 16,7% entre 2011 y 2014.

Sin embargo, apuntó que RTVE se halla ahora “en una mejor situación económica y patrimonial que en 2011” y que, “a partir de la aprobación de los presupuestos vigentes, se empieza a vislumbrar un cambio de tendencia en la situación económica y financiera de la corporación”, puesto que el ente público ha comenzado a deducirse el IVA desde el pasado 1 de enero, “lo que ha supuesto un incremento muy notable en la capacidad de gasto”.

“PRESUPUESTO EQUILIBRADO”

Así, Sánchez destacó que la corporación tendrá en 2016 “un presupuesto equilibrado, que en esta ocasión estamos plenamente convencidos de que vamos a cumplir”, de manera que la previsión presupuestaria evita el déficit en el próximo ejercicio por primera vez desde la aprobación de la Ley de Financiación de RTVE en 2009.

En el capítulo de ingresos, Sánchez explicó que habrá “dos excelentes novedades”: el incremento de la tasa de reserva de dominio radioeléctrico y el aumento de la compensación por servicio público, lo que supondrá a la corporación recaudar 100 millones de euros adicionales.

Sánchez apuntó que RTVE gestiona únicamente los ingresos del área comercial, que representarán 45,24 millones en 2016, es decir, un 5,6% del total. El resto provendrá en su mayor parte de las subvenciones de explotación, con 922,45 millones, lo que abarca la tasa de dominio (380 millones), las aportaciones de los operadores (195,85) y la compensación por servicio público (342,87). También se prevén 4,2 millones en liquidaciones de las sociedades de gestión y 5 millones de derivados de arrendamientos, propiedad industrial y prestación de servicio.

Por otro lado, el presupuesto de RTVE prevé 974 millones de euros en gastos de explotación, un 2,7% más que en 2015. Los programas de TVE tendrán 334,73 millones, lo que supone un aumento del 19,67% debido a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río (52,2 millones). La dotación para RNE asciende a 4,23 millones (un 14,7% menos).

Los gastos indirectos bajarán un 17,4% por efecto del IVA y al capítulo de personal se destinarán 379,16 millones (un 2% más). El resto de gastos (tributos, amortizaciones y provisiones por deterioro del valor de los activos inmobiliarios) asciende a 66,97 millones de euros, un 5% más que el presupuestado en el ejercicio anterior.

INVERSIONES

Por otra parte, Sánchez recalcó que las inversiones experimentarán un “aumento significativo” del 51,5%, al pasar de 37,5 millones en 2015 a 56,9 millones en 2016. En este apartado, la corporación profundizará en el proceso de digitalización de contenidos y de adaptación a las nuevas demandas de la audiencia.

En 2016 continuará la renovación y ampliación de los estudios de producción de Prado del Rey, se renovará también el equipamiento técnico en los estudios de producción de Sant Cugat (Barcelona) y de Torrespaña (Madrid), adecuándolos al formato HD, y se actualizarán los sistemas de redacción de Prado del Rey y Torrespaña, en tanto que en la Casa de la Radio (Prado del Rey) proseguirán las obras de remodelación.

Con este presupuesto, Sánchez aseguró que RTVE continuará cumpliendo “su función de servicio público y mantendrá una actuación responsable con la audiencia, ofreciendo una información rigurosa, independiente y plural, con una visión nacional e internacional complementada con noticias regionales y locales, emitidas en desconexión en cada una de las comunidades autónomas”, al tiempo que “garantiza la participación ciudadana y la atención a distintas minorías, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión social y cuestiones relacionadas con las creencias religiosas”.