Este colectivo denunció en un comunicado que los presupuestos recogen la suspensión del artículo 26.3 del real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón de servicio, que reconoce a los funcionarios destinados en el exterior el derecho a que se les financie una vez al año un viaje de vuelta a España para ellos y para su familia.

En ese sentido, ADE subraya que esta medida, además de aplicarse en todas las empresas privadas, es un derecho que “en casos extremos adquiere carácter rayando en lo humanitario”.

El coste de los vuelos de ida y vuelta a España para una familia media de cuatro miembros que está destinada en Asia, Oceanía, América del Sur o algunos países africanos puede superar fácilmente los 6.000 euros, por lo que los diplomáticos apuntan a que una familia con un único sueldo (puesto que los cónyuges, “salvo contadísimas excepciones, tienen que dejar sus trabajos para mantener la unidad familiar), que además tiene que “soportar altos costes de alquileres y escolarización, no puede permitirse emplear el sueldo de un mes en volver a su país”.

Por esta razón, creen “inadmisible” que quien envía “obligatoriamente a trabajar por tu país al extranjero te niegue el derecho a volver a él siquiera una vez al año durante el servicio que dura tu servicio allí”.

La ADE admite la necesidad de asumir “sacrificios” a tenor de la situación económica, aunque considera que una “política racional” es aquella que establece “limitaciones” pero mantenga el derecho a quien más pueda necesitarlo.

Este colectivo concluye haciendo un llamamiento a senadores y diputados para que actúen con el propósito de cambiar esta realidad.