Esta legislación tiene como objetivo combatir la tala ilegal y el comercio derivado de la madera y los productos de la misma. El reglamento está ya en vigor y es de obligado cumplimiento desde el 3 de marzo de 2013.

En los dos últimos años, Greenpeace ha expuesto varios casos de entrada de madera ilegal en España, procedente de la Amazonia y de la República Democrática del Congo, sin que ninguna administración pública haya puesto en marcha los mecanismos para evitarlo o perseguir a los infractores, asegura la organización.

Además de a España, la Comisión Europea dio sendos avisos formales a Grecia y Hungría, en los que se les urge a adoptar un marco legislativo y un régimen sancionador para la aplicación de este reglamento.

Este aviso, indica la ONG, es el primer paso de un proceso que en última instancia podría llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia y a enfrentarse a multas, si no cumple con la sentencia judicial posterior.

Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace, criticó "el profundo desconocimiento que tiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la dimensión del problema de la tala ilegal", y su "clara permisividad con el sector de madera en España".