Así, ha preguntado a las consejerías competentes de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla sobre las perspectivas de establecimiento de medidas de apoyo económico a los celiacos, similares a las que existen en países del entorno de España, según informó hoy la institución dirigida por Soledad Becerril.

El Defensor del Pueblo también quiere conocer si las administraciones tienen constancia del número de afectados en cada comunidad, de sus necesidades, problemas y demandas, y si se han planteado otro tipo de medidas, como campañas informativas sobre la enfermedad y la colaboración con organizaciones y asociaciones de celiacos.

La institución se ha dirigido también a la Secretaría de Estado de Hacienda y a las consejerías autonómicas competentes para saber si existen previsiones de introducción de algún tipo de beneficio fiscal en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las personas celiacas con dificultades económicas.

El Defensor del Pueblo señaló que recibe quejas de afectados que reflejan el esfuerzo económico que supone llevar una dieta libre de gluten, debido al elevado coste de los productos especializados.