Los incidentes tuvieron lugar los pasados 2 y 3 de agosto, cuando las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en la República Centroafricana (Minusca, en sus siglas en inglés) estaban llevando a cabo una operación para detener a un presunto delincuente en el enclave musulmán PK5, de Bangui, la capital del país.

"Nuestra evidencia sugiere fuertemente que un casco azul de la ONU violó a una niña y que las fuerzas de paz de la ONU mataron indiscriminadamente a dos civiles", dijo Joanne Mariner, asesora general de respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, quien añadió que “debe iniciarse con urgencia una investigación civil independiente y los implicados deben ser suspendidos inmediatamente durante la investigación”.

Amnistía Internacional entrevistó a 15 testigos después de los incidentes, así como a la niña violada y a miembros de su familia.

AI explicó que, durante un registro domiciliario en el enclave PK5 de Bangui cerca de las 2.00 horas del 2 de agosto, los hombres de una familia fueron desalojados y las mujeres y los niños quedaron en una habitación. Los cascos azules gritaban y los menores lloraban en una escena bastante caótica, hasta que más tarde las mujeres se dieron cuenta de que una niña de 12 años había desaparecido.

La menor contó a AI que se había escondido en un baño por miedo y que un casco azul la encontró allí, la arrastró y le dio una bofetada cuando comenzó a llorar. La llevó a una esquina del patio detrás de un camión tentando sus pechos y rasgando su ropa interior, que ella misma mostró a Amnistía Internacional.

“Cuando grité, él me golpeó con fuerza y puso su mano sobre mi boca”, relató la niña a Amnistía Internacional, además de lo siguiente: “Me tiró al suelo y se tumbó encima de mí”. Posteriormente, una enfermera que examinó a la menor encontró evidencia médica consistente de haber sufrido un ataque sexual.

Un portavoz de la Minusca dijo a Amnistía Internacional que la operación en el enclave PK5 fue llevada a cabo por policías y gendarmes de Ruanda y Camerún pertenecientes a las fuerzas de paz de la ONU, y que un soldado camerunés murió y otros nueve soldados resultaron heridos durante los enfrentamientos armados con los residentes de este lugar en la mañana del 2 de agosto.

ASESINATOS

A la mañana siguiente, las fuerzas de paz de la ONU volvieron a PK5. Un grupo de jóvenes había construido barricadas en la avenida principal para intentar bloquear la llegada de los cascos azules. Varios testigos comentaron a Amnistía Internacional que las tropas no estaban bajo ninguna amenaza, pero comenzaron a disparar indiscriminadamente en la calle, donde se produjeron asesinatos.

Balla Hadji, un camionero de 61 años, se encontraba desayunando con su esposa cuando llegaron los cascos azules, cuando salió de casa al oír disparos mientras su hija había ido a visitar a un vecino y recibió un disparo en la espalda. Su hijo, Souleimane Hadji, de 16 años, corrió hacia su padre y fue tiroteado en el pecho. Un vecino que presenció los asesinatos dijo a Amnistía Internacional que "dispararon a todo lo que se movía”.

La familia comentó a AI que las fuerzas de paz de la ONU no ayudaron a transportar a padre e hijo al hospital. Balla perdió sangre muy rápidamente y murió en el acto, mientras que los vecinos lograron evacuar a Souleimane al hospital, pero falleció alrededor de las 15.30 horas de ese 3 de agosto.

AI afirmó que, sin responder a lo sustancial de las preguntas formuladas por esta organización de derechos humanos en la operación PK5, un portavoz de la Minusca recalcó que se había abierto una investigación interna preliminar sobre los incidentes.

FALTA DE RESPUESTA ADECUADA

Por otro lado, Amnistía indicó que la ONU fue criticada en los últimos meses por su falta de respuesta adecuada a las acusaciones de abuso sexual a menores por parte de las fuerzas militares internacionales en la República Centroafricana.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, creó recientemente un grupo independiente para examinar las acusaciones de explotación y abuso sexual de miembros de Naciones Unidas y hacer recomendaciones de cómo responder a acusaciones similares en el futuro. Amnistía Internacional apuntó que la ONU y todos los países que aportan contingentes a sus tropas deben adherirse plenamente a su política declarada de “tolerancia cero” en la explotación y el abuso sexual.

"Estas acusaciones de violación y asesinato indiscriminado cometidos por tropas de la ONU son apoyadas por evidencia física y múltiples relatos de testigos. Tiene que haber una investigación pronta y exhaustiva por una autoridad civil competente y la niña debe recibir pleno apoyo, incluida la atención médica y psicológica", añadió Mariner.