Según este proyecto de cuentas públicas, el Constitucional dispondrá para el próximo ejercicio presupuestario de un total de 23,62 millones de euros, frente a los 23,04 millones con los que esta institución contó para 2015.

El dinero que cada ejercicio recibe el Constitucional sirve para pagar a sus doce magistrados y a un conjunto de funcionarios que se encargan del funcionamiento ordinario de la institución.

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y sus cuentas las elabora el Pleno de la institución, que luego son enviadas a las Cortes Generales para su aprobación a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La ejecución del presupuesto asignado a este tribunal corresponde a su secretario general, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno.